Fallo Ejemplar: Condenan a CENCOSUD a pagar $ 600 mil en concepto de daño moral y sanción punitiva a favor de una consumidora por incluir en los resúmenes el cobro de seguros no solicitados

Una mujer sacó una tarjeta Cencosud con la intención de financiar la compra en una tienda Easy. Sin embargo, cuando le vino el primer resumen para pagar, advirtió que además de los consumos que ella había realizado se le estaban cobrando dos seguros que ella no había contratado.

Al contactarse con el área de atención al cliente de CENCOSUD la representante comercial que la atendió restó el monto mal incluido en el resumen y le indicó que solamente debía pagar la diferencia, acreditándose dicho monto como pago total, se le informó que en el resumen del próximo período le llegaría una nota de crédito con ese saldo debitado incorrectamente.

A pesar del reclamo, los meses subsiguientes, los importes de los dos seguros siguieron apareciendo en su resumen y la clienta siguió haciendo los pagos totales restando estos cargos, siempre con intervención de un empleado de atención al cliente de Cencosud que harían notas de crédito por los rubros irregularmente consignados. Esto ocurrió durante 10 meses, una y otra vez la usuario iba al centro de atención al cliente de CENCOSUD a realizar el reclamo y le daban la misma «solución».

Sin embargo, a pesar de la intervención de sus dependientes, la tarjeta no realizaba las notas de créditos que prometía y empezó a incluir en los resúmenes intereses correspondientes al supuesto pago incompleto de los importes mensuales.

La damnificada, todos y cada uno de los meses desconoció el monto total del resumen, mientras que la tarjeta nunca emitió constancia ni acuse de recibo de la impugnación.

La tarjeta hizo correcciones sobre el saldo de algunos resúmenes y realizaba notas de crédito, a veces incompletas y sobre rubros que luego cobraba nuevamente al mes siguiente.

Atento a que empezaba a acumular una deuda totalmente ficticia, la clienta acudió ante Defensa del Consumidor explicando la situación.

Luego de todas las gestiones, la tarjeta de crédito reconoció y devolvió a la consumidora los cargos debitados irregularmente por los seguros; pero no reconoció ni reintegró los intereses y cargos que habían generado esa irregularidad en la cuenta de su tarjeta de crédito. Con lo cual comenzó a reclamar el pago de esa «deuda» calificándola como morosa e incluyéndola en el registro de deudores del Banco Central de la República Argentina.

Es absurdo que una empresa que reconoce haber agregado “seguros” y rubros no contratados en una liquidación de tarjeta de crédito, y está dispuesta a “quitarlos” no acepte que dicha “quita” debe comprender las consecuencias que trajo ese cobro indebido, tal como los intereses que se generaron, los “cargos por gestión de cobranzas” que se incluyeron.

La mujer no tuvo más remedio que recurrir a la Justicia. Para ello acudió al ESTUDIO ARRIGONI en busca de una solución que terminara definitivamente con su problema.

Con el patrocinio del abogado Ignacio Arrigoni inició una demanda.

“Entiende que, es absurdo que una empresa que reconoce haber agregado “seguros” y rubros no contratados en una liquidación de Tarjeta de crédito, y está dispuesta a “quitarlos” no acepte que dicha “quita” debe comprender las consecuencias que trajo ese cobro indebido, tal como los intereses que se generaron, los “cargos por gestión de cobranzas” que se incluyeron”, puntualizó en la demanda.

Si bien los reintegros – por los cargos e intereses que se generaron por los seguros adquiridos por la accionante y que luego diera de baja – se vieron impactados en los posteriores resúmenes, la actora se vio envuelta en un peregrinaje indebido, sufriendo un menoscabo en su persona injustificado y no existe en la especie causa alguna que los justifique.

“Si bien de las actuaciones administrativas y los resúmenes de cuenta se desprende que la demandada le restituyó diversas sumas de dinero a su cliente, no resultó acertado. Se evidenció una clara contradicción en el accionar de la demandada. Por un lado, ante los reclamos en atención al cliente le sugerían pagar montos menores a los resultantes de los resúmenes de cuenta, mientras que los mismos generaban intereses por los pagos incompletos”.

En el mismo carril, ante los reclamos en defensa del consumidor el representante de la demandada se comprometía a retornarle las sumas mal debitadas, pero no lo hacía en relación a los intereses, generándose un saldo deudor cada vez mayor. De esta manera se acredita un gran desgaste por parte de la clienta con muy poco éxito. Todos los meses acudía a realizar el reclamo a atención al cliente, y si bien le daban una “solución” a su problema, ello no ocurría en la realidad. Lo mismo aconteció ante la sede administrativa.

Para la jueza Clara María Cordeiro, titular del Juzgado Civil y Comercial de 6º Nom. Córdoba, la actitud de desinterés, desdén y desidia asumida por la demandada, tanto para proporcionar información, dispensar trato digno (art. 8 bis) y procurar soluciones, manifiestan actitudes de gravedad suficiente para sancionar, teniendo en miras prevenir la configuración de hechos similares en el futuro. En efecto, la suscripta entiende que los elementos para la configuración del daño punitivo surgen de las constancias del caso en concreto, por lo que tal reclamo debe prosperar.

Por ello condenó a la tarjeta Cencosud a abonar la suma de pesos quinientos cuarenta mil ciento setenta y cinco con sesenta y dos centavos ($540.175,62), con más intereses.

A continuación se adjunta el fallo completo:

Bernasconi c Cencosud – fallo 1 instancia

 

Ordenan devolver dinero a consumidor no conforme con la tablet que había comprado

La Sra. Álvarez buscaba un regalo para su nieta, y pensó que nada sería mejor que una Tablet. Ducha con el manejo del e-commerce, La Sra. Alvarez compró por $ 1.057 el aparato electrónico vía Internet en el sitio de una famosa cadena de Retail.

Tras recibir la Tablet en su casa, la abuela la encendió y la probó. No quedó conforme, por lo que acudió a la tienda a devolver el producto y solicitar que le reintegren su dinero. La empresa se negó. Como el consumidor había encendido el aparato, la firma consideró que estaba usado y ya no cabía la devolución.

Por esa actitud de la empresa, esos $1.000 que costó la Tablet en un primer momento se transformaron en $15.000 de indemnización más el 35% de esa suma en concepto de honorarios del abogado. Así lo resolvió la Justicia en la causa “Alvarez, Beatriz c/Falabella S.A. – Abreviado – Otros – Recurso de apelación”, que consideró que el argumento de la empresa no tenía pies ni cabeza.

La Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó firme la condena, duplicando el monto indemnizatorio fijado en Primera Instancia. Los jueces Silvia Palacio de Caeiro, Alberto Zarza y Walter Simes concordaron con el razonamiento del juez de Primera Instancia: “tratándose de un objeto informático, es necesario su apertura y activación para conocer si funciona o no, su encendido y prueba; siguiendo el sentido común y el curso normal y habitual de las cosas”

El Tribunal no tuvo cómo válida la política de devolución de productos de Falabella, que el consumidor “deberá poner la cosa a disposición del vendedor sin haberla usado y manteniéndola en el mismo estado en que la recibió”.

“Es evidente que pretender que quien compra un aparato electrónico por Internet no pueda encenderlo ni probarlo a los efectos de analizar si satisface sus expectativas, resulta contrario al espíritu que guía las normas tuitivas del consumidor”, señalaron los magistrados. En ese contexto, la postura de la empresa –agregaron los jueces-“vulnera los principios que rigen en las relaciones de consumo”.

El fallo de la Cámara puntualiza el Código Civil y Comercial tiene un apartado especial dedicado a este tipo de contratos, los celebrados a distancia, entre los que se cuentan los concertados “a través de medios electrónicos o similares (art. 1105)”, y en donde se prevé que se tendrán por no escritos los contratos con “cláusulas, pactos o cualquier otra modalidad aceptada por el consumidor durante este período” que “tengan por resultado la imposbilidad de ejercer el derecho de revocación”.

La Cámara Civil consignó que el contrato celebrado entre la consumidora y la empresa proveedora” debe ser interpretado en el sentido más favorable a la primera, de manera que el encendido y prueba del aparato eléctrico adquirido por medios electrónicos no le impedía ejercer su irrenunciable derecho a revocar la compra de la Tablet”. En ese orden- añadió- “la negativa de la demandada a recibirla y restituirle el dinero abonado con fundamento en su política comercial para el supuesto que nos ocupa, resulta violatorio de los derechos de los clientes”.

La sentencia indica que la indemnización encuentra justificación en que se trató del caso “de una mujer jubilada, que quiso comprar una Tablet para regalar a su nieta, que acudió a una empresa de reconocido prestigio y que no satisfecha por las prestaciones del aparato adquirido por la tienda on line, debió iniciar una ardua tramitación”.

MercadoLibre es solidariamente responsable por los productos que se venden en su portal web. Cámara de Apelaciones ratifica sanción por $20.000

Una empresa que facilita la compra y venta de productos por internet deberá pagar una multa de 20.000 pesos. Esto, por haber incumplido una serie de previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor, a raíz de que una mujer que había comprado un par de zapatillas las recibió usadas y en una caja de otra marca. Así lo resolvió la Cámara 4.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, que ratificó la sanción impuesta por la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia.

El tribunal rechazó el recurso de apelación planteado por la empresa. Esto, por considerar que “resulta innegable que quien pone a disposición de vendedores y compradores un sitio web, cobra por publicitar y por la concreción de la operación, deviene responsable en los términos del estatuto del consumidor”.

En la resolución, los vocales Raúl Fernández y Cristina González de la Vega insistieron en el mismo concepto: “la operación no podría haberse concretado sin la intermediación del ‘proveedor de servicios’, quien recepta la oferta, la publicita, pone en contacto a la potencial compradora con la vendedora y, por todo ello, cobra un monto tanto por la publicidad en su sitio, como al concretarse la operación, tal como lo reconoce la propia apelante”.

Como consecuencia, los camaristas rechazaron el argumento de la empresa, que esgrimía que su actividad era ajena a la compraventa realizada. ”Se trata de una situación de conexidad contractual, donde los intervinientes asumen una garantía solidaria para con la damnificada”, afirmaron los vocales.

Aunque lo consideran exiguo, ratifican el monto de la multa
Por otra parte, respecto del monto de la multa, los magistrados entendieron que la empresa “no ha demostrado que tal cuantificación (20.000 pesos) resulte lesiva de su derecho de propiedad, e irrazonable en función de los hechos que dieron lugar a su imposición”. Por el contrario, aseguraron que, como lo había destacado el fiscal de Cámara, “aquel monto luce insuficiente en función de las faltas cometidas, la posición en el mercado de la impugnante, el bien jurídico protegido, el interés público comprometido y la necesidad de prevenir este tipo de inconductas en el futuro”.

No obstante, como los camaristas consideraron que no era posible “incurrir en una reforma en perjuicio de la empresa apelante”, el monto de la multa, aunque escueto, debía mantenerse.

De esta forma, la Cámara ratificó la decisión de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que no solo prevé la multa, sino la obligación de la empresa de publicar –a su costa- el texto de la resolución administrativa condenatoria en el suplemento principal del diario La Voz del Interior un día domingo.

Cabe recordar que, ante la denuncia de la damnificada, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial había impuesto la sanción por considerar que la empresa violó los artículos 4, 9, 11, 13 y 34 de la Ley 24240. Estos refieren –entre otros- al deber de información (para con el consumidor), a la obligación de indicar si se publicitan cosas deficientes o usadas, y a la responsabilidad solidaria entre los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas.

Texto completo del fallo:

Fallo: Mercado Libre SRL c Direccion de Defensa del Consumidor – apelacion mul

Condena por figurar en base de deudores: Se excluye a Organización Veraz S.A. porque se limitó a reproducir lo informado por el Banco acreedor.

La Cámara Civil y Comercial Federal modificó un fallo que admitió una acción de habeas data y condenó al Banco Itaú, Telecom Personal S.A., Organización Veraz S.A. y al Banco Central de la República Argentina, “a arbitrar los medios necesarios para suprimir –en forma definitiva– la información que consta en sus archivos” respecto de una cliente del banco y de la empresa de telefonía que estaba catalogada como morosa.

De esa forma, el Tribunal modificó la responsabilidad endilgada a Veraz en autos “A.C.L. c/ Organización Veraz S.A. y Otros s/ Habeas Data” e hizo lugar a la apelación de la base de datos comercial, que manifestó que le es imposible corroborar la información recibida por las entidades bancarias, ya que los datos “provenían de una fuente de acceso público irrestricto (el Banco Central) y de que su actividad es informativa”.

Con los votos de los camaristas Francisco de las Carreras, Ricardo Guarinoni y Susana Najurieta, la sala I del Tribunal de Apelaciones optó por apartar de la condena a Veraz, no sin antes efectuar precisiones sobre el papel de la organización en este tipo de controversias. “La  empresa demandada goza de la libertad de informar, y satisfacer así el objeto comercial para el que fue creada y el interés de su clientela, o puede abstenerse de hacerlo”, recordaron los magistrados

En ese punto, también aclararon que, si en provecho propio la empresa “procede a registrar y comerciar con la información registrada sobre la actividad de los terceros”, la misma “debe hacerlo en las condiciones legalmente exigidas, esto es, de manera exacta y completa”. De no ser así –aclararon, debe rectificar o completar los datos personales “de una forma que representen del modo más fielmente posible la imagen de aquellos respecto de quienes suministra información, máxime cuando no cuenta con el consentimiento de éstos”.

Sobre esa base, el fallo de la Alzada tiene por reconocido que la información brindada en el caso resultó errónea, y que la misma fue suministrada por los otros codemandados. Igualmente, la Cámara entendió que la atribución de responsabilidad “debe desobligarse” de Veraz, porque “se limitó a reproducir los datos provenientes de las bases de datos de las coaccionadas”.

Según el razonamiento de los camaristas, Veraz “no puede verificar en los bancos la corrección del material informado por ellos al Banco Central ya que, como es sabido, esos bancos no se encuentran facultados para revelar a terceros los registros contables de que disponen al regir el secreto bancario, pudiendo hacerlo sólo en los casos que prevé el art. 39 de la ley 21.526”.

La sentencia también hace mención de la Comunicación A 2729 del BCRA, que establece que “son las entidades financieras las que elaboran la información y califican a sus deudores, no asumiendo la responsabilidad Organización Veraz S.A y otras empresas que cubren el servicio informativo del riesgo crediticio, siempre que se limiten a reproducir, sin alteraciones, la base de datos que almacena el B.C.R.A”. Por el contrario, la  responsabilidad se da “cuando publica una información no respaldada por un informe bancario y por el Banco Central”.

Condena Punitiva a MercadoLibre por liberar un pago a un vendedor aún cuando el comprador había dado aviso que no había recibido el producto

Por una compra frustrada, la empresa Mercado Libre deberá resarcir con $87.000 a un usuario que utilizó MarcadoPago para pagar una compra que no recibió, cuyo pago fue liberado pese al reclamo del consumidor.

La sentencia fue dictada en autos “Ferreiro, Pablo Alberto c/ Mercado Libre S.R.L.” por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy, y cuenta con los votos de los camaristas Carlos Cossentini Norma Beatriz Issa y Alejandra Caballero, autora del voto al que finalmente adhirieron sus colegas.

El actor acudió a la Justicia porque depositó el dinero para la compra de dos teléfonos celulares en la cuenta de Mercado Pago para que éste, “contra la entrega del producto por el tercero” le pague a este último, “pero una vez que el comprador confirmara haber recibido los teléfonos adquiridos”, se encargó de aclarar el accionante.

Según consta en el fallo, el demandante “no recibía lo comprado” y le hizo saber a la empresa “que no libere el dinero y éste lo mandó a un trámite de disputa que terminó resolviéndose a favor del vendedor”.

“Mercado Libre le pagó sin que Ferreiro recibiera los teléfonos”, cuestionó el consumidor. La empresa, por su pare, trató de desligarse de la responsabilidad alegando que no puede estar involucrado en la transacción comercial, sino que se trata de un intermediario. Además, señaló que la compra no se realizó por mercado pago

“el oferente es el exclusivo responsable de las condiciones y características del aviso y que una vez que hace eso la demandada mostrará la publicación en el sitio web, y que no participa en las negociaciones proporcionando todos los datos del vendedor y comprador”, indicó la empresa cuando contestó la demanda

El veredicto de los magistrados fue que el “envío” que decidió la disputa, fue una decisión “incorrecta, apresurada e inconsulta a simple vista” y responsabilizaron al sitio.

“Si para liberar el pago debió acreditarse el envío, un mínimo de prudencia exigía al menos la conformidad del actor de que recibió el producto”, razonaron los jueces, que además sugirieron que “si no lo hacía saber el adquirente, nada le costaba al árbitro de la disputa asegurarse por los datos que poseía, al menos, que los teléfonos se enviaron”.

“En todo este simple asunto, la mala decisión de Mercado Pago es lo que empobreció al actor y no era eso lo esperado de acuerdo a sus promesas y seguridades del sistema que con solo consultar el sitio aparecen prometidas, seguridad, eficacia, prontitud, etc”, explica otro de los párrafos de la decisión de la Cámara.

El fallo del Tribunal jujeño además adecúa la situación en el marco de una relación de consumo , ya que “no caben dudas que el vendedor publicitó en Mercado Libre, y por eso éste percibe una tarifa, y como es lógico Mercado Pago, al pagarle a la vendedora de los teléfonos intermediados, también obtuvo una comisión”.

“Entonces Mercado Libre y Mercado Pago comercian a través de la red a la que acceden los usuarios”, explicaron los jueces, para quienes “pese a la ajenidad sostenida es obvio que los precios de publicidad y comisión, la demandada lo obtiene directamente conociendo la operación entre vendedor y comprador”.

La Cámara concluyó, sobre esa base, que tolerar “el fuera de juego” de Mercado Libre o Mercado Pago, “raya con la deliberada aniquilación de la confianza del comprador en pos de un sistema que se supone resguardo del principio de la buena fe, entre otros, como la seguridad prometida”, por lo que adhirió a la condena original una multa de $40.000 por daño punitivo.

Fallo Ejemplar: Condenan a Telecom Personal SA a pagar $200 mil pesos a un consumidor particular en concepto de daño punitivo por facturación incorrecta por $499 e incumplir el deber de información

En un fallo novedoso dictado por la Cámara 8va Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba se condena a la empresa Telecom Personal SA a pagar la suma de $200 mil pesos en concepto de daño punitivo, en una causa iniciada en el año 2011.

El reclamo fue originado por el usuario a raíz de un cobro indebido en perjuicio del consumidor por un total de $499,13 efectuado por la empresa Telecom Personal SA en los períodos Noviembre del 2010 a Diciembre del 2011.

El Tribunal justificó la condena por la actitud asumida por la empresa que se negó a proveer información adicional para explicar las razones que motivaban la sobrefacturación y cuya inconsistencia surgía de la propia factura que recibía el usuario.

La actitud indiferente y reticente fue tanto en sede administrativa ante Defensa del Consumidor como en sede judicial, en el cual la empresa de Telefonía no respondió ninguno de los oficios y requerimientos ordenados por el Tribunal.

Entre los argumentos que da el Tribunal para imponer dicha condena, indica que la sanción debe ser ejemplificadora para evitar que abusos similares se reiteren por parte de las empresas.

El Tribunal en su resolución hace especial hincapié en la conducta indiferente y desaprensiva llevada a cabo por Telecom Personal al no proveer la información que fuera requerida en múltiples oportunidades, conducta que fue mantenida a lo largo de todo el proceso judicial y en el que se acredita la existencia de conceptos facturados incorrectamente.

Entendemos que se trata de un fallo “ejemplar” en cuanto su objetivo es pretender revertir la conducta de las empresas frente a la debilidad de los consumidores.

A continuación adjuntamos el texto completo del fallo: Fallo completo

Tribunal rechaza demanda contra franquicia de comida por intoxicación, por no haber acompañado el «ticket» de compra al juicio

La Justicia Civil confirmó el rechazo de una acción por daños y perjuicios iniciada por un grupo familiar que denunció haber sufrido una intoxicación alimentaria luego de consumir dos docenas de empanadas de una famosa cadena.

Los hechos juzgados en la causa “V.E.A. c/ P.S.A s/ Daños y Perjuicios” se remontan a principios del año 2001, cuando en una reunión familiar, los demandantes encargaron a un local de la franquicia dos docenas de empanadas y recibieron una docena más con motivo de una promoción.

Al día siguiente, cerca del mediodía, comenzaron a presentar dolores de abdomen, vómitos, fiebre y diarrea, por lo cual llamaron a los distintos servicios de emergencias médicas domiciliarias para recibir atención. Dos de las afectadas fueron internadas de urgencia por presentar un cuadro de “abdomen agudo”

A todos se les diagnosticó una intoxicación alimentaria, fue por ello que denunciaron el hecho, no sólo a la dirección de Defensa del Consumidor, sino a Bromatología Municipal y al Instituto Nacional de Alimentos.  Las autoridades incluso hicieron una inspección al local y verificaron que los productos contenían la bacteria “Eschericchia Colli”. Por esa circunstancia, se instruyó una causa penal contra la dueña del local en cuestión.

Pero la Justicia interpretó que, pese a todo ese cuerpo probatorio, lo sustancial no estaba acreditado en la causa. En otras palabras, más allá de que se haya comprobado la intoxicación y que la mercadería del local estaba en mal estado, tanto en Primera Instancia como en Cámara se entendió que ni el nexo causal ni la relación de consumo pudieron probarse en autos por falta del elemento fundamental: el ticket de compra.

Los demandantes indicaron que el producto les fue entregado por “delivery” por lo que no tenían el comprobante de compra, y que en ese punto, por aplicación del principio “in dubio pro consumidor”, el estudio conjunto de las demás constancias acompañadas probaban el daño sufrido, lo que traía como consecuencia la procedencia del reclamo

Pero esas razones no fueron suficientes para el juez de grado, quien en su fallo sostuvo que aunque se tenga por cierto que el grupo familiar sufrió una intoxicación alimentaria, lo que no fue demostrado es que ese día los actores adquirieran empanadas elaboradas por las demandadas, ni que esa hubiese sido su cena aquél día “y, si así fue, no hay elemento alguno que acredite que esas empanadas (…) hubiesen estado contaminadas”.

A pesar del fallo, el magistrado entendió que, por “la dificultad implícita en la naturaleza de los hechos que debían ser probados”, los demandantes no debían cargar con todas las costas del proceso y distribuyó las costas por su orden.

La Cámara no opinó lo mismo. En un fallo dividido, triunfó la postura coincidente con el criterio de grado.

El voto de la mayoría le dio importancia a la inexistencia del ticket. Es así que señala “los apelantes parecen pasar por alto que la clave de acceso a la aplicación del régimen de protección al consumidor en el que pretenden ampararse, requiere como premisa insoslayable la previa acreditación de una relación de consumo, cuya carga probatoria les incumbía por aplicación de los principios generales en la materia”.

Sobre ese entendimiento, los vocales manifestaron que el comprobante de compra hubiera sido la prueba idónea “para demostrar la conexión existente con los proveedores aquí demandados”, y que al no existir, toda su pretensión caía.

Además, entendieron que la falta del ticket podía repararse con otra prueba, como la designación de un perito contador “a fin de que compulse los registros contables de la demandada y corrobore si se hallaba asentada la compra denunciada”.

La parte actora impugnó ese razonamiento, ya que en la causa penal se analizó el registro de llamadas telefónicas que daban cuenta de la existencia de una llamada telefónica entre los actores y los proveedores. Pero la Alzada se mantuvo en su posición: “este elemento por sí solo, al no hallar respaldo en ninguna otra constancia objetiva, carece de eficacia probatoria para tener por probada la adquisición del producto”.

“Lo único que los actores lograron demostrar a partir de las constancias de atención médicas aportadas en estos obrados y en la causa penal, y las conclusiones de la perito médica infectóloga (…)es que sufrieron una intoxicación alimentaria”, recalcó la mayoría, que concluyó que los accionantes “no cumplieron con la carga de probar la intervención del producto fabricado y comercializado por las demandadas, lo que sella la suerte adversa de su pretensión indemnizatoria”.

La disidencia opinó lo contrario. El voto de la presidente del Tribunal sostuvo: “si bien no se ha acreditado la compra del producto contaminado en el local de la demandada con el respectivo ticket de compra, existen indicios serios, precisos y concordantes de los que cabe inferir la existencia de dicha transacción, así como que el daño a la salud de los actores (intoxicación) tiene relación de causalidad directa con la ingesta de un producto contaminado adquirido en dicho local”.

Para la jueza disidente, “el análisis minucioso de las constancias de autos, del expediente administrativo y la causa penal permite obtener los siguientes indicios concordantes en el sentido de permitir inferir la existencia del hecho”.

La camarista los enumeró, el primero era la existencia de la comunicación telefónica desde la casa del actor hacia el teléfono de la demandada. El segundo fueron las constancias médicas, que para la magistrada “acreditan que en un escaso lapso temporal, los accionantes comenzaron a sufrir afecciones a su salud que los obligaron a recurrir a la atención médica”, lo que también se veía respaldado por las denuncias a los organismos pertinentes.

Es que en la inspección de bromatología al local, se secuestró material para su análisis que dio como resultado “un alto recuento de la bacteria ‘Escherichia Coli’, la que cual es potencialmente riesgosa para la salud, lo que mereció la consideración por parte de las autoridades de ‘alimento contaminado’ conforme las prescripciones del Código Alimentario”.

“Es por todo ello que entiendo que las demandadas resultan responsables en los términos de la norma citada, al haber quedado acreditada, a mi criterio, la adquisición del producto contaminado en el local de Rivero, resultando ser dicho producto elaborado, fabricado y comercializado por “P. S.A.” para la cadena”.

El resultado adverso en el juicio no fue la única mala noticias para los accionantes, que además tuvieron un resultado negativo en la distribución de costas. La Cámara no sólo les obliga a hacerse cargo de todos los gastos del juicio, sino que además triplica los honorarios: deberán pagar $284.000 entre honorarios de abogados y peritos.

Para la mayoría, “no es la sola creencia subjetiva del litigante sobre la razón probable para litigar, lo que autoriza la eximición de costas al vencido, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable”.

Condenan a empresa a pagar por el robo de un vehículo ocurrido en la playa de estancionamiento

En los autos «GARCIA, JORGE ALBERTO Y OTRO c/ PARQUE DE LA COSTA S.A. s/ORDINARIO», la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal decidió modificar la sentencia de primera instancia en cuanto a los montos y obligó al Parque de la Costa a pagar $220.000 por el robo de un automóvil sucedido en el estacionamiento del lugar.

Los jueces explicaron que la sentencia «fue parcialmente modificada por esta Sala donde se aumentaron los montos indemnizatorios». Y agregaron que «tal aclaración en modo alguno implica (ni podría implicar) una alteración de aspectos de la sentencia de primera instancia que quedaron firmes».

Los integrantes de la Cámara acreditaron el hecho delictivo que se invocó en la demanda, es decir, que «que el automóvil perteneciente a los actores fue efectivamente robado de una playa de estacionamiento explotada por Parque de la Costa S.A». Por ello, se ponderó «la denuncia policial oportunamente efectuada como motivo del evento, material fotográfico, las constancias de la correspondiente causa penal y declaraciones testimoniales.

En tanto, la parte demandada «no había logrado acreditar su afirmación de que, en realidad, el automotor no había sido detenido en su playa de estacionamiento».

Además, «la demandada había asumido la custodia y guarda del vehículo en función de un contrato de garaje convenido con los actores y que, por ello, frente a su robo, debía considerarse civilmente responsable por la pérdida sufrida por aquellos». Prueba de tal contrato «surgía de facturas por uso de cochera y recibos cuya autenticidad no fue negada al contestarse la demanda, así como de la declaración de testigos».

Por lo expresado, el Tribunal «juzgó comprometida la responsabilidad de la demandada por incumplimiento de la obligación de restitución, que calificó «de resultado», derivada de los arts. 2182 del Código Civil y 124 del Código de Comercio, afirmando, además, que dicha responsabilidad quedaba, por una parte, confirmada por los peritajes de ingeniería y contable en cuanto resultaba de ellos la falta de personal de custodia, y por otra parte, no excluida por la existencia de carteles puestos en la playa de estacionamiento por la misma garajista diciendo declinar responsabilidad por daños a los vehículos».

Los magistrados concluyeron en que: «Parque de la Costa S.A. -en su carácter de demandada y con condena firme en su contra- debe cumplir con la sentencia dictada en la causa, con los alcances determinados por el Juez a quo en la resolución recurrida».

El Desalojo es materia del Juez Concursal

La Sala “D” de la Cámara Comercial resolvió que una demanda por desalojo contra un concursado debe tramitar ante el mismo Tribunal que lleva adelante el proceso concursal.

De esa forma, revocó la decisión de los autos “Casconi Alicia Carolina c/ Veragros S.A. y otros s/ ordinario” dictada por el juez Nacional en lo Comercial que llevaba adelante el concurso, que declaró su incompetencia para entender en la acción de desalojo iniciada contra el demandado, iniciada ante la Justicia Civil y Comercial de Rio Tercero, Provincia de Córdoba

Según detalla el fallo, el juez de Córdoba, al advertir que en la Capital Federal tramitaba el concurso preventivo, remitió los autos hacia esa jurisdicción. Sin embargo, el juez del concurso rechazó la atribución de competencia y devolvió las actuaciones.

La decisión fue apelada por la concursada, que argumentó que la acción estaba comprendida “en las disposiciones del art. 21 de la ley concursal y, además, la decisión del magistrado a quo genera un conflicto negativo de competencia que, a su vez, produce una denegación de justicia”

La norma invocada por el apelante establece que la apertura del concurso produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso, a excepción de juicios laborales, procesos de expropiación y familia y litisconsorcio pasivo necesario.

Los magistrados Gerardo G. Vassallo, Pablo D. Heredia y Juan José Dieuzeide consideraron que el desalojo es una acción de contenido patrimonial, por lo que hicieron lugar a la apelación y revocaron la decisión cuestionada.

“La Corte Suprema señaló que la demanda de desalojo constituye una acción de contenido patrimonial, por lo que debe considerársela comprendida entre las mencionadas por el art.21, primer párrafo, de la LCQ, que dispone su radicación ante el juez del concurso, habida cuenta que no se halla prevista su exclusión entre las excepciones sindicadas en esa norma”, justificó la Cámara.

Tribunal rechaza demanda de consumidor que quiso comprar flota de autos a precio promocional

La Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo comercial confirmó el rechazo de una acción que tenía el objeto de que se obligue a General Motors a venderle a un potencial comprador la cantidad de 42 autos al precio de $2.000 cada uno.

En los autos «Milgrón, Nicolás Martín c/ General Motors de Argentina S.R.L. S/ Ordinario» el reclamante solicitó la aplicación del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que señala que ante el hipotético caso de que haya un incumplimiento en las condiciones de oferta de un bien, el consumidor queda facultado a exigir el cumplimiento forzoso de la oferta.

El actor relató que hubo un anuncio de venta de autos en el que se indicaba que el importe a abonar por los autos era de $2.000, sin embargo, la Justicia le dio la razón a la demandada, que argumentó que en realidad esa suma era la bonificación del precio final del rodado.

El fallo de Primera Instancia indicó que la totalidad de la prueba rendida en la causa, «daba cuenta de la imposibilidad de que un automóvil pudiera tener un precio de venta de $2.000″. En el expediente el Registro de la Propiedad Automotor informó que los valores del modelo en cuestión rondaban entre $59.700 hasta $69.200 aproximadamente», y que el actor «se limitó a hacer una «simple averiguación del precio del vehículo sin acreditar en la causa que se hubiera llegado a efectuar una transacción ni tampoco que tuviera el dinero para la adquisición de los 42 vehículos que aquí pretende».

Las camaristas coincidieron con esos fundamentos, y rechazaron la apelación del demandante.

Los magistrados desistieron de aplicar el régimen de defensa del consumidor, ya que la operación que buscaba concretar el actor no podía ser encuadrada en la Ley 24.240.

«El carácter de consumidor final, que se define por el destino de la adquisición, no atiende al elemento subjetivo del motivo personal que movió al individuo a consumir, sino objetivamente a la confrontación del destino del bien o servicio adquirido -también objetivamente considerado conforme su utilidad reconocida- con el área de actividad del pretendido consumidor», explicaron los integrantes de la Sala.

Para los Camaristas, el “consumo final” alude «a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo», lo que no ocurría en el caso, ya que no podía presumirse que la compra de 42 autos sería para el uso particular.

El fallo hizo hincapié en el hecho de que el actor intentó adquirir 42 unidades 0 km. «Por las características mismas  que presenta un automotor y el uso social o familiar que puede en condiciones normales presumiblemente esperar de ellos, resulta cuanto menos dudoso que un sujeto que pretende comprar nada más ni nada menos que 42 vehículos 0 km (incluso en el supuesto en que intente aprovechar un precio hipotéticamente promocional), revista el carácter de «consumidor final»», indicó.

La Cámara descartó los argumentos del accionante en relación a que el motivo de la compra de los rodados era para cumplir «el sueño de tener varios autos». En ese punto, destacó el fallo que «el carácter de consumidor final (definido por el destino de la adquisición), no atiende al elemento subjetivo del motivo personal que movió al individuo a consumir, sino objetivamente; de manera que –sin ningún tipo de prueba que pueda acreditar aún en forma indiciaria lo contrario- difícilmente puede sostenerse que la pretensión de adquirir 42 vehículos responda a la necesidad de satisfacer un consumo final».

De esa manera, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no se probó que el actor haya aceptado la oferta de la demandada. «Aunque la publicidad sea interpretada del modo propuesto por el actor, es decir, que la unidad 0 km poseía un valor de venta de $2.000, al no demostrarse la aceptación –que no debe confundirse con la mera averiguación- de aquel presunto ofrecimiento, no puede reclamarse el cumplimiento forzoso de un contrato que no fue celebrado», sentenció.