Cañerías rotas que dañan las viviendas ¿te paso?

Hace muchos años ya que en nuestra ciudad, se produce un fenómeno que flagela a los hogares de todos los cordobeses, esto es, las roturas de cañerías de la red de distribución de agua. .

No son pocos que con total sorpresa advierten que las calzadas y calles que colindan con su vivienda, comienzan a acumular agua luego de cada lluvia, ni pensar en los casos que desafortunadamente son foco de roturas de cañerías troncales.

En muchos de estos casos, la respuesta del responsable de esa circunstancia llega demasiado tarde, existiendo casos en que finalmente no se resuelve el problema.

Mientras tanto, y desde el mismo momento en que se verifican esos estancamientos de agua (con sus insalubres consecuencias), la fuerza de la naturaleza empieza actuar directamente sobre el inmueble del vecino.

¿Cómo ocurre? Sencillo, el agua por la fuerza de gravedad hace presión sobre el suelo y al poco tiempo, comienza a socavar, primero las veredas y luego a los cimientos mismos de las construcciones ubicadas a continuación.

Con cada día que pasa, una vivienda ve más comprometida la seguridad e integridad de sus muros.

En Córdoba se han verificado casos en que los ocupantes de una casa han debido deshabitarla por largo tiempo, ya que el deterioro ocasionado por colapsamiento de los cimientos, ha obligado a demoler y reconstruir una parte importante (cuando no ha sido todo) del lugar en donde vivían.

Demás está en describir las molestias y elevados costos que significa para cualquier persona verse en la necesidad de dejar su hogar para alquilar o vivir de prestado hasta tanto se restablezcan las condiciones de su casa, que jamás debió haberse deteriorado por sí misma.

Desde el reclamo mismo para concientizar al proveedor del servicio de agua sobre la necesidad de una pronta reparación, hasta el inicio de las gestiones administrativas para el reconocimiento de una indemnización dineraria para que los damnificados puedan afrontar los costos que requiere el arreglo de sus casas.

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Libertad de Expresión: Rechazan acción para bloquear «difamación» por Facebook

Una Asociación Civil sin fines de lucro que se dedica “a transmitir el conocimiento antiguo de una disciplina que combina pautas de artes marciales, defensa personal, armas antiguas y artes curativas como la medicina tradicional china, reflexología, vías de energía y Chien-Chi-Kua”, se sintió agraviada por dos grupos de Facebook que la tildan de estafadora, y que fueron creadas para “desenmascarar y difundir el engaño y mentira” de la entidad.

Por ello demandó a Facebook ante la Justicia, para que se obligue a la red social a dar de baja a los grupos y que además le informes desde qué IP se crearon las paginas “por ser totalmente ofensivos e injuriantes para la actora y su negocio”. Además pidió que haga lo posible para que nuevos grupos de esa índole no sean abiertos. El fundamento de la actora fue que “dada la proyección masiva de la red social, se está perjudicando directamente el desarrollo y progreso de la Asociación”. Sin embargo, su pedido no fue admitido

La resolución del caso fue dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal en autos “A.A.de P-K c/ Facebook SRL s/ Medida Autosatisfactiva”. El Tribunal, integrado por los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Alfredo Gusman, confirmó “en lo sustancial” el fallo de Primera Instancia en lo que hace al rechazo de la medida autosatisfactiva tendiente a bloquear a los dos grupos, y modificó lo atinente a identificar a los presuntos creadores de las cuentas, debido a que en uno de esos grupos se publicó un texto que sería de autoría de la asociación.

En Primera Instancia se había rechazado la acción en el entendimiento de que se trató de “una cuestión compleja, que exceda el marco de una medida autosatisfactiva”. La Cámara mantuvo ese criterio, pero le dio mayor importancia al hecho de que se trata de una asociación cuyas enseñanzas “tiene carácter oneroso” y que la información sobre ella puede tener el carácter de interés público.

El fallo de la cámara reconoce que la asociación “no aplica en la definición clásica de ‘persona pública’”, pero que al ofrecer al público “un servicio social”, que es la enseñanza de esa técnica oriental “puede existir, entonces, cierto interés público comprometido en la difusión de noticias, informes o incluso relatos de experiencias personales de quienes hayan experimentado el servicio ofrecido”.

“Esto no implica, claro está, cohonestar las afirmaciones realizadas en la página de Facebook o que la respuesta jurisdiccional ante la pretensión de la Asociación accionante deba ser negativa pues aun cuando la actora desempeña una actividad que tiene impacto público, existe un ámbito de privacidad que no puede ser traspasado arbitrariamente”, aclararon los jueces a continuación.

Los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal aseguraron no desconocer “el poder potencial de estos sitios de internet a la hora de formar una determinada corriente de opinión sobre una persona o incluso en materia de reputación empresaria”, como tampoco que las expresiones “fraude”, “gran estafa”, “chorros”, pueden “tener implicancias en su prestigio laboral”.

No obstante, concluyeron que ello “no puede implicar, al menos en esta etapa del proceso, que deba cercenarse la libertad de expresión de quien lo pública”. A ello se sumaba “el interés del resto de la sociedad en tener acceso y conocimiento de dicha información, para el hipotético caso que sea cierta”.

El fallo, por último, le recuerda a la asociación actora que puede iniciar la acción civil resarcitoria e incluso querellar por injurias a los autores de la publicación, y que Facebook le da las mismas herramientas para defenderse que las que le da a los autores de los grupos para “atacarla”.

“Internet es un medio que permite a la Asociación comunicar su postura frente a los hechos imputados en las cuentas de Facebook en forma prácticamente ilimitada, a través de los mismos canales que utilizó la persona que los habría difamado, sin costo alguno”, fue el veredicto.

Las figuras mediáticas y la relación con el derecho a la intimidad

La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó los agravios expresados por una productora de contenidos televisivos y, en consecuencia, confirmó la resolución de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por una figura mediática a raíz de un el informe emitido por el programa «70-20-10».

La causa se inició en los autos “D. Z. N. c/ B. Producciones SRL y Otro s/Daños y Perjuicios”, luego de que la accionante -quien se hizo popular por sus participaciones en el programa de Anabela Ascar en Crónica TV- se presentara ante la Justicia a raíz de un informe donde se mostraban «intimidades de su vida diaria».

En primer lugar, los jueces destacaron que a pesar del «carácter mediático que le cabe a la accionante, la intimidad nunca puede ser considerada como algo superfluo, no resulta patrimonio de alguna clase social en particular, ni es reducto de egoísmo o individualismo extremo que contradigan un sano espíritu comunitario”.

“El reconocimiento y respeto de la intimidad que encierra la lucha contra intromisiones, abusos e indiscreciones, supone la madurez y plenitud de la persona humana. Todos tienen derecho a preservar su intimidad, y por tanto la accionante también, aún cuando esta elija tener una fuerte exposición pública (…)”, añadió el fallo.

Para los vocales, “el derecho a la intimidad no tiende a prevenir o a remediar hechos extraordinarios, y su reconocimiento significa acordarle ‘juridicidad’ pues corresponde al campo del derecho y no solamente al de las relaciones sociales o morales, revelando la madurez del ordenamiento jurídico que denota un estadio de evolución muy avanzado”.

Según consta en la causa, el programa emitió un informe sobre “la historia secreta y la vida secreta de Z. L.”, donde se expusieron diferentes aspectos de la vida íntima de la accionante. Refiriéndose al lugar donde vive, el informe aseveró: “No tiene baño, no tiene nada. Hace sus necesidades en un tacho y al tacho lo va a tirar a veces en la placita. (…) En frente de la casa de ella tiene un supermercado adonde a veces tiran la basura, va ella y revisa la basura”.

Así, los jueces advirtieron que “el producto televisivo emitido objeto de cuestionado, se realizó en base a testimonios de personas que no fueron identificadas con precisión, eran ‘vecinos’, fuente vaga o genérica de la información que se suministraba”.

Sobre este punto, los camaristas consideraron que “la demandada ha difundido un informe de la accionante en el que se detallan diferentes características, todas y cada una indignas, ultrajantes, con las que llevaría adelante su vida, se la presentó al público de manera descarnada, una vida miserable, absolutamente penosa, abyecta, calificativos extremos que denotan una clara invasión en su vida privada, avanzándose sobre el último reducto de la privacidad, sin duda el más sensible y que por tanto merece la protección que aquí se procura”.

Y agregaron: “Aún en el mejor de los casos para la accionada, en la hipótesis de resultar veraz lo atestiguado por los vecinos, lo cierto es que se trata de hechos que no eran conocidos por los integrantes de su comunidad, ni por la sociedad toda”.

Por último, el tribunal explicó que “no enerva lo expuesto el hecho que la accionado haya participado personalmente de una segunda emisión del mismo programa, pues además que en esta oportunidad se mostró ofendida –y así lo desliza la demandada- en definitiva no significa aceptación o consentimiento, ni menos aún renuncia a la acción que luego habría de entablar y que fundamenta el caso”.

Asociación organizadora de una carrera de ciclismo debe indemnizar a un fotógrafo

Con fundamento en la Ley de Espectáculos Deportivos (Ley 23184, modificada por la Ley 24192), la asociación civil Cicles Moto Club deberá indemnizar con 142.252 pesos (más intereses) a un fotógrafo por los daños que este sufrió en septiembre de 2010, cuando se desarrollaba la competencia “Doble San Francisco-Miramar”, ocasión en la que uno de los ciclistas, tras haber cruzado la meta, perdió el control del rodado e impactó contra el reportero, que sufrió lesiones y heridas. La decisión fue adoptada por el juez en lo Civil, Comercial y Familia de la 3.º Nominación de San Francisco.

El magistrado hizo lugar a la acción por daños y perjuicios promovida por el fotógrafo contra la asociación organizadora, aunque rechazó la demanda en cuanto esta también estaba dirigida contra la Municipalidad de San Francisco. Al mismo tiempo, acogió la declinación de cobertura articulada por la firma Río Uruguay Seguros, a la que Cicles Moto Club había citado en garantía.

En la resolución, el juez esgrimió que la demandada, “Cicles Moto Club”, en su carácter de organizadora del espectáculo deportivo, “asumió una obligación de seguridad –impuesta legalmente- frente al demandante, en su carácter de asistente o concurrente al evento, de conformidad con lo dispuesto por el art. 51 de la Ley de Espectáculos Deportivos”.

Teniendo en cuenta que “la responsabilidad que pesa sobre las entidad organizadora es objetiva, derivada de la obligación de seguridad que pesa sobre ella”, el magistrado procedió a analizar si la ubicación que se había concedido a la prensa era la establecida por Reglamento de la Asociación Argentina de Ciclismo (FAC). En efecto, la carrera formaba parte del calendario oficial de la FAC.

En ese sentido, el magistrado constató que “el sector de prensa establecido y diagramado por la organizadora del evento contravenía las normas del reglamento, ya que se ubicaba a un metro de la línea de llegada, cuando el reglamento dispone que debe emplazarse a una distancia de quince metros como mínimo de la línea de llegada”.

Como consecuencia, de acuerdo con la resolución, la conducta de la asociación organizadora, evidentemente, “facilitó la producción del evento dañoso”, en la medida en que hubo “un claro incumplimiento de las normas reglamentarias de seguridad necesarias para la organización”. “Así, ante una clara disposición reglamentaria relativa a la seguridad de los fotógrafos, que en la especie era obligatoria, la entidad habilitó incorrectamente o, al menos, permitió que el fotógrafo lesionado se ubicara a tan solo un metro de la línea de llegada”, destacó el juez. En la misma dirección, agregó: “el accidente, tal como ocurrió conforme a la plataforma fáctica fijada, no fue inevitable, pues pudo haberse evitado de cumplirse acabadamente con las normas reglamentarias relativas al emplazamiento de la prensa”.

El Municipio no tiene responsabilidad
Por otra parte, el magistrado consideró que no podía hacerse extensiva la responsabilidad a la Municipalidad de San Francisco en los términos de la Ley de Espectáculos Deportivos. Esto, en la medida en que el municipio no fue organizador del evento, sino que solo actuó como auspiciante de la carrera y concedió a la asociación organizadora un subsidio “por intermedio de la Dirección de Deportes y de Economía”. Asimismo, “en obvio cumplimiento del poder de policía, habilitó el evento y dispuso las medidas pertinentes en relación con las calles por donde pasaba la carrera, pero ello no la torna en organizadora”.

En la misma línea, el juez recalcó que tampoco podía atribuirse responsabilidad al municipio en los términos del régimen común, pues no podía “reprocharse a la Municipalidad de San Francisco omisión alguna en el poder de policía, atento a que la disposición de los diferentes sectores de la carrera –como el sector de prensa- depende de una reglamentación de la actividad deportiva y del organizador del evento, lo que claramente excede el deber de custodia y seguridad ciudadana exigible al municipio”.

Exclusión de cobertura
Finalmente, se hizo lugar al pedido de la aseguradora de que se la excluyera de brindar cobertura, teniendo en cuenta que la póliza suscripta con la asociación organizadora de la carrera aclaraba que no serían cubiertos los accidentes en los que se observara “la falta de cumplimiento a normas y reglamentos dictados por autoridad nacional, provincial, municipal o de policía”.

En ese sentido, el juez entendió que asistía razón “a la citada en garantía cuando en los alegatos afirmaba que la organizadora del evento ha violado la reglamentación a la cual se encuentra sometida la disciplina deportiva, al haber emplazado antirreglamentariamente el sector de prensa donde se ubicaba el demandante”.

Como consecuencia, el Dr. Viramonte condenó a la asociación civil a que indemnice al fotógrafo, con la suma de 142.252 pesos (más intereses), que comprende los siguientes rubros: daño emergente (2.880 pesos), pérdida de chance pasada (17.889 pesos), pérdida de chance futura (81.483 pesos) y daño moral (40.000 pesos).

Tribunal rechaza demanda contra franquicia de comida por intoxicación, por no haber acompañado el «ticket» de compra al juicio

La Justicia Civil confirmó el rechazo de una acción por daños y perjuicios iniciada por un grupo familiar que denunció haber sufrido una intoxicación alimentaria luego de consumir dos docenas de empanadas de una famosa cadena.

Los hechos juzgados en la causa “V.E.A. c/ P.S.A s/ Daños y Perjuicios” se remontan a principios del año 2001, cuando en una reunión familiar, los demandantes encargaron a un local de la franquicia dos docenas de empanadas y recibieron una docena más con motivo de una promoción.

Al día siguiente, cerca del mediodía, comenzaron a presentar dolores de abdomen, vómitos, fiebre y diarrea, por lo cual llamaron a los distintos servicios de emergencias médicas domiciliarias para recibir atención. Dos de las afectadas fueron internadas de urgencia por presentar un cuadro de “abdomen agudo”

A todos se les diagnosticó una intoxicación alimentaria, fue por ello que denunciaron el hecho, no sólo a la dirección de Defensa del Consumidor, sino a Bromatología Municipal y al Instituto Nacional de Alimentos.  Las autoridades incluso hicieron una inspección al local y verificaron que los productos contenían la bacteria “Eschericchia Colli”. Por esa circunstancia, se instruyó una causa penal contra la dueña del local en cuestión.

Pero la Justicia interpretó que, pese a todo ese cuerpo probatorio, lo sustancial no estaba acreditado en la causa. En otras palabras, más allá de que se haya comprobado la intoxicación y que la mercadería del local estaba en mal estado, tanto en Primera Instancia como en Cámara se entendió que ni el nexo causal ni la relación de consumo pudieron probarse en autos por falta del elemento fundamental: el ticket de compra.

Los demandantes indicaron que el producto les fue entregado por “delivery” por lo que no tenían el comprobante de compra, y que en ese punto, por aplicación del principio “in dubio pro consumidor”, el estudio conjunto de las demás constancias acompañadas probaban el daño sufrido, lo que traía como consecuencia la procedencia del reclamo

Pero esas razones no fueron suficientes para el juez de grado, quien en su fallo sostuvo que aunque se tenga por cierto que el grupo familiar sufrió una intoxicación alimentaria, lo que no fue demostrado es que ese día los actores adquirieran empanadas elaboradas por las demandadas, ni que esa hubiese sido su cena aquél día “y, si así fue, no hay elemento alguno que acredite que esas empanadas (…) hubiesen estado contaminadas”.

A pesar del fallo, el magistrado entendió que, por “la dificultad implícita en la naturaleza de los hechos que debían ser probados”, los demandantes no debían cargar con todas las costas del proceso y distribuyó las costas por su orden.

La Cámara no opinó lo mismo. En un fallo dividido, triunfó la postura coincidente con el criterio de grado.

El voto de la mayoría le dio importancia a la inexistencia del ticket. Es así que señala “los apelantes parecen pasar por alto que la clave de acceso a la aplicación del régimen de protección al consumidor en el que pretenden ampararse, requiere como premisa insoslayable la previa acreditación de una relación de consumo, cuya carga probatoria les incumbía por aplicación de los principios generales en la materia”.

Sobre ese entendimiento, los vocales manifestaron que el comprobante de compra hubiera sido la prueba idónea “para demostrar la conexión existente con los proveedores aquí demandados”, y que al no existir, toda su pretensión caía.

Además, entendieron que la falta del ticket podía repararse con otra prueba, como la designación de un perito contador “a fin de que compulse los registros contables de la demandada y corrobore si se hallaba asentada la compra denunciada”.

La parte actora impugnó ese razonamiento, ya que en la causa penal se analizó el registro de llamadas telefónicas que daban cuenta de la existencia de una llamada telefónica entre los actores y los proveedores. Pero la Alzada se mantuvo en su posición: “este elemento por sí solo, al no hallar respaldo en ninguna otra constancia objetiva, carece de eficacia probatoria para tener por probada la adquisición del producto”.

“Lo único que los actores lograron demostrar a partir de las constancias de atención médicas aportadas en estos obrados y en la causa penal, y las conclusiones de la perito médica infectóloga (…)es que sufrieron una intoxicación alimentaria”, recalcó la mayoría, que concluyó que los accionantes “no cumplieron con la carga de probar la intervención del producto fabricado y comercializado por las demandadas, lo que sella la suerte adversa de su pretensión indemnizatoria”.

La disidencia opinó lo contrario. El voto de la presidente del Tribunal sostuvo: “si bien no se ha acreditado la compra del producto contaminado en el local de la demandada con el respectivo ticket de compra, existen indicios serios, precisos y concordantes de los que cabe inferir la existencia de dicha transacción, así como que el daño a la salud de los actores (intoxicación) tiene relación de causalidad directa con la ingesta de un producto contaminado adquirido en dicho local”.

Para la jueza disidente, “el análisis minucioso de las constancias de autos, del expediente administrativo y la causa penal permite obtener los siguientes indicios concordantes en el sentido de permitir inferir la existencia del hecho”.

La camarista los enumeró, el primero era la existencia de la comunicación telefónica desde la casa del actor hacia el teléfono de la demandada. El segundo fueron las constancias médicas, que para la magistrada “acreditan que en un escaso lapso temporal, los accionantes comenzaron a sufrir afecciones a su salud que los obligaron a recurrir a la atención médica”, lo que también se veía respaldado por las denuncias a los organismos pertinentes.

Es que en la inspección de bromatología al local, se secuestró material para su análisis que dio como resultado “un alto recuento de la bacteria ‘Escherichia Coli’, la que cual es potencialmente riesgosa para la salud, lo que mereció la consideración por parte de las autoridades de ‘alimento contaminado’ conforme las prescripciones del Código Alimentario”.

“Es por todo ello que entiendo que las demandadas resultan responsables en los términos de la norma citada, al haber quedado acreditada, a mi criterio, la adquisición del producto contaminado en el local de Rivero, resultando ser dicho producto elaborado, fabricado y comercializado por “P. S.A.” para la cadena”.

El resultado adverso en el juicio no fue la única mala noticias para los accionantes, que además tuvieron un resultado negativo en la distribución de costas. La Cámara no sólo les obliga a hacerse cargo de todos los gastos del juicio, sino que además triplica los honorarios: deberán pagar $284.000 entre honorarios de abogados y peritos.

Para la mayoría, “no es la sola creencia subjetiva del litigante sobre la razón probable para litigar, lo que autoriza la eximición de costas al vencido, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable”.

Una playa de estacionamiento no es una cosa riesgosa

En un juicio iniciado por un vigilador privado en contra de la empresa CARREFOUR (INC S.A.), los jueces de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal confirmaron una sentencia de primera instancia en la que se rechazó una demanda interpuesta por el vigilador privado por los daños y perjuicios sufridos luego de que resultare lesionado en un robo que aconteció en la playa de estacionamiento de un supermercado.

En el caso, el demandante trabajaba como vigilador privado en un cine que se encuentra dentro del predio comercial de un supermercado. Según consta en la causa, “para ingresar al complejo de cines es indispensable pasar por la playa de estacionamiento del supermercado y que el 25 de marzo del 2010, aproximadamente a las 18,00 hs., mientras se dirigía a su lugar de trabajo, fue golpeado y robado por unas personas que se dedicaban a limpiar los vidrios de los autos del estacionamiento”.

El juez de grado concluyó que “una playa de estacionamiento no se trata ni de una cosa riesgosa ni de una cosa viciosa sino que es una cosa inerte”, y apuntó que “no es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor ya que el reclamante es un consumidor y, asimismo, entendió que la parte demandada no tenía ningún tipo de obligación de garantía frente al actor”.

De esta manera, el magistrado de primera instancia consideró que “ante la ausencia de factor de atribución de responsabilidad de carácter subjetivo no era posible hacer lugar a la demanda”.

Así, el actor se agravió al considerar que “la playa de estacionamiento del supermercado se trata de una cosa riesgosa y, a su vez, afirmó que la empresa desarrolla una actividad riesgosa, razones por las que entiende que resulta de aplicación el art. 1113 del Código Civil de Vélez Sárfield, norma que impone un factor de atribución de responsabilidad de carácter objetivo”.

Asimismo, el hombre sostuvo que “la circunstancia de que haya sido golpeado por ladrones no impide que se tenga que acoger su reclamo ya que sobre la parte demandada pesa un deber de garantía”.

En este contexto, el Tribunal afirmó que “una playa de estacionamiento no se trata de una cosa riesgosa porque consiste en una cosa inerte (…) una playa de estacionamiento en buenas condiciones y que no tiene ningún defecto, como esta, no puede considerarse una cosa viciosa”.

“Si no hay defectos, no hay vicios. Otro aspecto que también quiero resaltar consiste en que no encuentro razones para entender que tener una playa de estacionamiento sea una actividad riesgosa y que su propietario deba que responder en los términos del art. 1113 del Código Civil, máxime si se tiene en cuenta que fue el propio actor quien reconoció que no era un consumidor, ni estaba expuesto a una relación de consumo”, agregó el fallo.

Asimismo, los vocales consignaron que “no es de aplicación al caso bajo estudio el Derecho de los Consumidores (…) tampoco se puede hablar de una obligación tácita de seguridad si nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual”.

“Pero lo más importante de todo esto es que, en definitiva, el daño no fue producido por la playa de estacionamiento en sí. El daño no fue ejecutado ni por ni con la cosa. Es claro que los autores del daño fueron los ladrones que atacaron al actor. Entonces, estimo que no existen razones para valorar probado el factor de atribución de responsabilidad, condición esencial para la procedencia de una acción de responsabilidad civil”, concluyeron los jueces.

Google es responsable del resultado de la búsqueda

En una causa iniciada por un particular contra la empresa Google Inc., la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda condenando al buscador a pagarle a la actora, en el plazo de 10 días, la suma de $40.000, más sus intereses.

En el caso, el juez de primera instancia rechazó la demanda que “perseguía la indemnización de los daños sufridos por el actor al ver afectado su honor por la difusión de un comentario desfavorable a través del buscador de la demandada”.

En consecuencia, el actor se agravió de que “el a quo haya considerado que la demandada actuó con diligencia luego de dictada la medida cautelar que dispuso del bloqueo de la información supuestamente lesiva”. Así, señaló que “entre mayo de 2010 y octubre de 2013 debió realizar diversas intimaciones antes sendos incumplimientos”.

Por su parte, la demandada sostuvo que “el sitio del cual derivaría el agravio fue creado en Yahoo!, pero que el actor sólo demanda a su representada, y que omitió indicar el sitio URLs, lo que corresponde para una debida individualización de la página a bloquear”. No obstante, afirmó que “cada vez que fue notificada, actuó de manera diligente bloqueando inmediatamente el sitio URLs que le fuera indicado”.

De esta manera, los camaristas destacaron que “es un hecho no controvertido en esta instancia que hace tiempo el actor ingresó en la página web de la demandada a través de la dirección electrónica www.google.com.ar y comprobó que al incluir su nombre y apellido en el campo de búsqueda, aparecía una descripción de su persona poco favorable”.

El perito explicó que “el sitio corresponde a un grupo de Yahoo y que posiblemente esa prestadora pueda identificar al responsable, se trata de un grupo cerrado, por lo que no es posible saber quiénes lo integran sin anotarse y recibir autorización del administrador del grupo”.

Asimismo, aseveró que “quien diseña una página tiene la posibilidad de crear Meta Tags y que cuando se diseña una página hay un lugar en el que se ponen las palabras por las cuales se puede buscar, qué es lo que va a estar expuesto, por cuál cadena de caracteres y oración se va a buscar esa página, que son los Meta Tags que define el administrador y hacia los que va Google (…) una de las variables por las que la página mencionada en la demanda puede aparecer en el lugar de la indexación en el que lo hizo puede ser la cantidad de consultas que haya recibido”.

Advirtió el perito que “quién estaba facultado para eliminar contenidos de Talar Del Lago 1 era el administrador”, y agregó: “No hay duda de que quien hizo los comentarios que agraviaron al actor es una persona real, que el nombre que está en el grupo está asociado a un mail y ese mail tuvo que haber sido creado por alguien”.

“El comentario lo tuvo que haber hecho una persona registrada, salvo que le hubieran crackeado la cuenta (…) si todo se hizo desde un Ciber no es posible saber quién lo creó”, concluyó el perito.

En este marco, los vocales manifestaron que “se han planteado las cuestiones, cabe decidir si, ante las medidas ordenadas por el a quo de naturaleza cautelar, la demandada actuó en forma diligente”.

“Adelanto que no comparto la exigencia, según alega la demandada, de que se identifique con precisión cuáles son los enlaces asociados a su persona (URLs) y se compruebe el daño que la vinculación ocasiona. La mayor parte de la gente no es tan experta en estas cuestiones tan precisas y técnicas, por lo que considero que, en lo que respecta al conocimiento efectivo, basta con señalar con precisión el hecho que supuestamente causa el agravio”.

Para los jueces, “si el actor indica que aparece en el buscador como un posible estafador, ello es suficiente –a mi entender- para que el responsable del buscador tome las medidas apropiadas, bajo su responsabilidad”.

“Como dije, puede configurarse la responsabilidad civil del buscador por el contenido incorporado por un tercero, si toma efectivo conocimiento, lo que se concretaría una vez requerida la quita por el eventual afectado, y esta no se lleva a cabo”, añadió el fallo.

Sobre este punto, los jueces consignaron que “si luego de años de iniciado el pleito, la noticia sigue siendo difundida, es obvio que tal quita no se concretó”. Y agregaron: “No alcanzo a entender por qué la demandada (…) insiste en que actuó de manera diligente en el bloqueo de los URLs que le fueron indicados (…)  no había numerosos sitios a bloquear, ni la pretensión es genérica como sostiene la demandada que ocurrió en otros casos, ya que la que debía ser bloqueada en una sola página”.

“Los motores de búsqueda tienen que orientar su actividad de manera tal que eliminen o al menos disminuyan los riesgos de afectación de derechos de terceros. Si no lo hacen, entonces, se vuelven negligentes, y deben responder juntamente con quienes han obrado de manera ilegítima”.

En consecuencia, los jueces concluyeron que “el resarcimiento del daño moral debe admitirse, pues resulta indudable el menoscabo que debieron provocar en el actor las expresiones aludidas, al haber visto afectado su honor, entendido como bien jurídico que compromete el sentimiento de la dignidad moral y la apreciación y estima que hacen los demás de nuestras cualidades y de nuestro valor social”.

Fallo ordena a APROSS a cubrir trasplante de un paciente que debe realizarse en Buenos Aires

Camaristas reafirmaron que resultaba violatoria de derechos constitucionales la negativa a afrontar los costos de una intervención en la Fundación Favaloro

La Cámara 3º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ratificó que la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) deberá cubrir en forma integral los gastos que demande el trasplante bipulmonar en la Fundación Favaloro (Buenos Aires) de un joven de 30 años que padece de fibrosis quística desde su nacimiento. El tribunal reafirmó que, en las particulares circunstancias del caso, los derechos constitucionales a la vida y a la salud del paciente podían quedar sin una tutela suficiente si no se accedía al pedido del joven y pese a la oposición de la APROSS, que argumentaba que la operación podía ser realizada en el Hospital Italiano, de Córdoba.

La Cámara rechazó el recurso de apelación planteado por la APROSS (la parte demandada) contra la resolución del Juzgado de 38º Nominación del mismo fuero, que había hecho lugar a la acción de amparo promovida por el joven. Por ende, el tribunal confirmó que la APROSS deberá cubrir al paciente “las prestaciones médicas que necesita de manera urgente e imprescindible” y tal como las requirió.

En su voto, el vocal Guillermo Barrera Buteler esgrimió que seguía siendo dirimente el informe del Hospital Italiano, en el que consta que el último trasplante bipulmonar que se ha realizado en esa institución lo fue el 14 de junio de 2007; es decir, que durante los últimos siete años no ha habido en ese nosocomio intervenciones quirúrgicas de ese tipo y características. A ello hay que sumar “el informe del Comité Consultivo y Operativo de Prácticas Médicas, Sanitarias y Bioéticas del Poder Judicial, que concluye en que es aconsejable que la evaluación y trasplante bipulmonar se efectúe en la Fundación Favaloro”.

El camarista también subrayó que, frente al caso de una persona en situación “de extrema vulnerabilidad”, estaba en juego la forma en que la APROSS aplicaba el artículo 14, incisos “a” y “k”, de la Ley 9277 (de creación de la APROSS), que le otorga al directorio de la institución atribuciones excepcionales para reconocer “gastos efectuados por prestaciones o servicios realizados fuera del territorio provincial y por instituciones no contratadas”.

En la misma dirección, el magistrado esgrimió que, aunque la ley 9277 “no es en sí misma inconstitucional”, sí “es violatoria de los derechos a la salud y a la vida del amparista” el modo “en que es aplicada en el caso concreto” por la APROSS. “La negativa a otorgar la cobertura en la forma peticionada, sin hacer uso de la excepción que la propia norma establece a la regla que consagra, le genera (al paciente) un agravio constitucional no susceptible de reparación ulterior”, enfatizó.

En definitiva, la Cámara reafirmó que la APROSS “debe sujetarse no sólo a la ley (en este caso, la Ley 9277), sino a la integralidad del orden jurídico, y ello involucra también a la Constitución Nacional y Provincial, a las normas de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y a los principios ético jurídicos que informan a dicho conjunto normativo”.

Límite a la discrecionalidad estatal:

En la misma línea argumental, la Cámara ponderó que, en casos como estos, “la discrecionalidad de los poderes políticos para decidir cómo, cuándo y en qué medida se hacen efectivos los derechos ‘de operatividad derivada’ (antes llamados programáticos), tiene un límite en los casos de personas que se hallan en estado de ‘extrema vulnerabilidad’».

“Una persona que sufre la gravísima afección que sufre el amparista es, sin lugar a dudas una persona en situación ‘de extrema vulnerabilidad’, frente a la cual el Estado está obligado a atender las garantías mínimas indispensables que hacen a su dignidad como persona humana y ello constituye un límite a la discrecionalidad estatal en la adopción de políticas, planes y programas tendientes a hacer efectivos esos derechos que la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema ha dado en llamar “de operatividad derivada”.

Como consecuencia, para la Cámara resultaba prioritario asegurar “la primacía de la dignidad de la persona humana (Constitución Provincial, preámbulo y art. 4) y la tutela de los derechos constitucionales que se hallan en situación de grave riesgo”, razón por la cual “el Poder Judicial, en ejercicio del control de constitucionalidad de los actos estatales, puede y debe restablecer la superioridad de los valores constitucionales cuando hayan resultado claramente postergados”.

La Corte Suprema reconoció el derecho de todo paciente a decidir su muerte digna

En un fallo reciente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reconoció el derecho a la muerte digna y avaló la voluntad de una persona para que se suspendan las medidas que desde hace más de 20 años prolongan artificialmente su vida. El fallo genera un antecedente jurisprudencial importantísimo para tribunales inferiores que tienen casos similares.

Se trata de una persona en estado irreversible de salud que se encuentra postrado desde 1994, con desconexión de ambos cerebros, destrucción del lóbulo frontal y otras severas lesiones como consecuencia de un accidente automovilístico sufrido en esa fecha.

Antes de expedirse, los ministros del máximo tribunal consultaron al Cuerpo Médico Forense y al Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro con el objetivo de obtener una mayor certeza científica. Los estudios realizados al paciente confirmaron el carácter irreversible e incurable de su situación, sin aportar elementos que permitan suponer que el paciente tiene posibilidades de recuperarse de su actual estado.

Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte se expidió sobre la situación.

El fallo tiene presente la situación actual del paciente 21 años después de acontecido el hecho: «Desde hace más de 20 años no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza ni gesticula ante estímulos verbales y tampoco responde ante estímulos visuales. Carece de conciencia del medio que lo rodea, de capacidad de elaborar una comunicación, comprensión o expresión a través de lenguaje alguno y no presenta evidencia de actividad cognitiva residual. Dado su estado, necesita atención permanente para satisfacer sus necesidades básicas y es alimentado por una sonda conectada a su intestino delgado».

Si bien el paciente no había brindado ninguna instrucción por escrito sobre qué conducta médica debía adoptarse ante una situación similar a la que hoy presenta, una de sus hermanas declaró que le había manifestado su voluntad de no prolongar la vida artificialmente ante el supuesto de hallarse en el futuro en una condición irreversible.

El Máximo Tribunal de la Nación tuvo presente en las consideraciones del fallo el vacío legal que existía a la fecha del suceso: «No puede perderse de vista que en el momento del accidente no se había sancionado la ley de derechos del paciente (26.512) que autoriza a las personas a disponer mediante instrumento público sobre su salud dando directivas anticipadas. Tampoco puede ignorarse que en esa fecha esa práctica no era habitual y no se hallaba difundida socialmente la posibilidad de hacerlo como ocurre en la actualidad».

Al adoptar esta decisión, la Corte aclaró que no se se trata de un caso de eutanasia. Luego, efectuó consideraciones relevantes sobre los derechos de los pacientes, en especial de los más vulnerables, como también enfatizó acerca de la importancia de respetar exclusivamente la voluntad del paciente en lo que hace al final de su vida. Por último, remarcó que, como regla, deben evitarse judicializaciones innecesarias de decisiones relativas al cese de prácticas médicas.

Sobre los derechos de los pacientes, el Tribunal señaló:

a) Que la solicitud de cese de soporte vital no importa una práctica eutanásica vedada por la ley sino que constituye una abstención terapéutica que sí se encuentra permitida.

b) Que la ley autoriza a solicitar el cese de la hidratación y alimentación artificial en tanto constituyen por sí mismos una forma de tratamiento médico, tal como lo han reconocido los Comités de Bioética que dictaminaron en la causa, los debates parlamentarios de la Ley de Derechos del Paciente, la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso «Lambert vs. Francia» y la jurisprudencia de los tribunales de máxima instancia de Estados Unidos, Italia, Francia, del Reino Unido y de la India.

c) Que es indiscutible que el paciente en cuestión es una persona en sentido pleno, que sus derechos fundamentales deben ser protegidos sin discriminación alguna y que, por ello, goza del derecho a la plena autodeterminación de decidir tanto recibir las necesarias prestaciones de salud como también cesar su tratamiento médico.

En segundo lugar, al fundamentar que la única voluntad que debe tenerse en cuenta es la del paciente, la Corte Suprema de Justicia sostuvo:

a) Que a ningún poder del Estado, institución o persona distinta al paciente le corresponde decidir si su vida, tal como hoy transcurre, merece ser vivida.

b) Que la solución adoptada respecto de la solicitud formulada por las hermanas del paciente de ninguna manera avala o permite establecer una discriminación entre vidas dignas e indignas de ser vividas ni tampoco admite que, con base en la severidad de una patología, se restrinja el derecho a la vida o se consienta idea alguna, o consideración económica, que implique cercenar el derecho a acceder a las prestaciones médicas o sociales destinadas a garantizar su calidad de vida.

c) Que por tratarse la vida y la salud de derechos personalísimos, el único que puede decidir respecto del cese del soporte vital es el paciente, ya que de ningún modo puede considerarse que el legislador haya transferido a sus familiares un poder incondicionado para disponer de su suerte cuando se encuentra en un estado total y permanente de inconsciencia. Es decir que, en este supuesto, sus familiares sólo pueden testimoniar, bajo declaración jurada, la voluntad del paciente. Por lo que no deciden ni «en el lugar» del paciente ni «por» el paciente ni «con» el paciente sino comunicando cuál es la voluntad de éste.

d) Que en el presente caso, las hermanas del paciente cumplieron con este requisito porque solicitaron el cese de medidas de soporte vital manifestando con carácter de declaración jurada que esta petición responde a la voluntad de su hermano, sin que se haya alegado ni aportado elemento alguno a lo largo de todo el proceso que permita albergar dudas acerca de que ésta es la voluntad del paciente.

En tercer lugar, y en lo que hace a la implementación de la solicitud efectuada, la Corte remarcó la importancia de que, al hacerse efectiva la voluntad del paciente y proceder al retiro de las medidas de soporte vital, se adopten, tal como lo prevé la ley, todos los recaudos necesarios para el adecuado control y alivio de un eventual sufrimiento del paciente.

Finalmente, a fin de evitar judicializaciones innecesarias, el Tribunal Supremo de la Nación formuló precisiones acerca de cómo deberán tratarse, en el futuro, situaciones en las que se pretenda hacer efectivo el derecho a la autodeterminación en materia de tratamientos médicos.

Para ello, subrayó que el legislador no ha exigido que el ejercicio del derecho a aceptar o rechazar las prácticas médicas quede supeditado a una autorización judicial previa y, por tal razón, no debe exigírsela para convalidar las decisiones tomadas por los pacientes respecto de la continuidad de los tratamientos médicos, en la medida en que éstas se ajusten a los requisitos establecidos en la ley que regula esta temática, no existan controversias respecto de cuál es la voluntad del paciente y se satisfagan las garantías y resguardos previstos en las leyes que protegen a los menores de edad y a las personas con discapacidades físicas o psíquicas.

El Municipio debe indemnizar por un árbol que cayó sobre un auto estacionado

La Cámara 5º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba rechazó el recurso planteado por el Municipio (la parte demandada) contra la resolución del Juzgado de 48º Nominación del mismo fuero de Córdoba, en el cual se condenó a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba a indemnizar con la suma de $24.610 más los intereses, a una mujer por los daños experimentados por su vehículo, un Citroën Berlingo, cuando un árbol se le cayó encima mientras se encontraba estacionado en la Avda. del Trabajo al 300, de la ciudad de Córdoba, durante la fuerte tormenta que se desató el 24 de enero de 2011. El tribunal recomendó a las autoridades municipales que arbitren medidas por el estado en que se encuentran los árboles de la vereda donde ocurrió el hecho. En la resolución, la vocal Claudia Zalazar esgrimió que resultaba aplicable el artículo 1113 del Código Civil. “Existe consenso en la jurisprudencia en atribuir responsabilidad a los entes municipales por los daños que causen los árboles que se encuentran en las calles y los diversos espacios verdes existentes en la ciudad”, afirmó.

La camarista también destacó que el Municipio debía responder por el “vicio de la cosa”, dado que, según el perito que intervino en la causa (un ingeniero agrónomo), se trataba de un “Olmo añoso (de unos 70 años) y enfermo, con su interior todo ahuecado, con algún grado de putrefacción y muy débil”, razón por la cual su “deficiente estado sanitario” le “impidió tener resistencia mecánica a cualquier adversidad climática”.

En la misma dirección, la vocal argumentó que la Ordenanza Nº 7.000 le otorga “competencia exclusiva a la Municipalidad en las tareas de corte y poda de los árboles”, hasta el punto de que el artículo 14 impone “sanciones a quien corte, pode o destruya parcialmente un árbol que integre el arbolado público y para quien tale, elimine o de cualquier forma destruya totalmente un ejemplar”.

La camarista insistió en que la ordenanza reserva al Municipio “el carácter de guardián de los árboles que integran el arbolado público, de manera exclusiva”, y sólo pone “en cabeza de los frentistas una mera obligación de mantenimiento, riego y realización de cazuelas”. “Tampoco resulta posible imputar responsabilidad a un tercero, ya que expresamente establece la ordenanza que sólo la Municipalidad, a través de sus agentes, puede llevar a cabo las tareas de poda o la tala de los ejemplares del arbolado público, aun cuando estén enfermos; incluso, establece sanciones para quien incumpliera tal prohibición”, expresó la camarista, a cuyo voto se adhirieron sus pares, Joaquín Ferrer y Rafael Aranda.

Por otra parte, el tribunal concluyó que el Municipio, en su afán por eximirse de responsabilidad, no podía invocar la existencia de caso fortuito, por la tormenta que se registró en la ciudad de Córdoba el día en que produjo la caída del árbol, ya que para que un fenómeno de la naturaleza resulte encuadrable en la hipótesis del art. 514 del Código Civil es menester que sea de carácter extraordinario (como una tempestad) y que no haya podido ser anticipada por el pronóstico climático.

Finalmente, los camaristas recomendaron al Municipio que, en función de las atribuciones que le confiere la Ordenanza Nº 7000, “arbitre todas las medidas que considere pertinentes”, teniendo en cuenta que el perito advirtió que “todos los otros árboles de la vereda en cuestión, por su edad y estado general, representan un notorio riesgo para las personas y/o bienes”.