Fallo Ejemplar: Condenan a CENCOSUD a pagar $ 600 mil en concepto de daño moral y sanción punitiva a favor de una consumidora por incluir en los resúmenes el cobro de seguros no solicitados

Una mujer sacó una tarjeta Cencosud con la intención de financiar la compra en una tienda Easy. Sin embargo, cuando le vino el primer resumen para pagar, advirtió que además de los consumos que ella había realizado se le estaban cobrando dos seguros que ella no había contratado.

Al contactarse con el área de atención al cliente de CENCOSUD la representante comercial que la atendió restó el monto mal incluido en el resumen y le indicó que solamente debía pagar la diferencia, acreditándose dicho monto como pago total, se le informó que en el resumen del próximo período le llegaría una nota de crédito con ese saldo debitado incorrectamente.

A pesar del reclamo, los meses subsiguientes, los importes de los dos seguros siguieron apareciendo en su resumen y la clienta siguió haciendo los pagos totales restando estos cargos, siempre con intervención de un empleado de atención al cliente de Cencosud que harían notas de crédito por los rubros irregularmente consignados. Esto ocurrió durante 10 meses, una y otra vez la usuario iba al centro de atención al cliente de CENCOSUD a realizar el reclamo y le daban la misma «solución».

Sin embargo, a pesar de la intervención de sus dependientes, la tarjeta no realizaba las notas de créditos que prometía y empezó a incluir en los resúmenes intereses correspondientes al supuesto pago incompleto de los importes mensuales.

La damnificada, todos y cada uno de los meses desconoció el monto total del resumen, mientras que la tarjeta nunca emitió constancia ni acuse de recibo de la impugnación.

La tarjeta hizo correcciones sobre el saldo de algunos resúmenes y realizaba notas de crédito, a veces incompletas y sobre rubros que luego cobraba nuevamente al mes siguiente.

Atento a que empezaba a acumular una deuda totalmente ficticia, la clienta acudió ante Defensa del Consumidor explicando la situación.

Luego de todas las gestiones, la tarjeta de crédito reconoció y devolvió a la consumidora los cargos debitados irregularmente por los seguros; pero no reconoció ni reintegró los intereses y cargos que habían generado esa irregularidad en la cuenta de su tarjeta de crédito. Con lo cual comenzó a reclamar el pago de esa «deuda» calificándola como morosa e incluyéndola en el registro de deudores del Banco Central de la República Argentina.

Es absurdo que una empresa que reconoce haber agregado “seguros” y rubros no contratados en una liquidación de tarjeta de crédito, y está dispuesta a “quitarlos” no acepte que dicha “quita” debe comprender las consecuencias que trajo ese cobro indebido, tal como los intereses que se generaron, los “cargos por gestión de cobranzas” que se incluyeron.

La mujer no tuvo más remedio que recurrir a la Justicia. Para ello acudió al ESTUDIO ARRIGONI en busca de una solución que terminara definitivamente con su problema.

Con el patrocinio del abogado Ignacio Arrigoni inició una demanda.

“Entiende que, es absurdo que una empresa que reconoce haber agregado “seguros” y rubros no contratados en una liquidación de Tarjeta de crédito, y está dispuesta a “quitarlos” no acepte que dicha “quita” debe comprender las consecuencias que trajo ese cobro indebido, tal como los intereses que se generaron, los “cargos por gestión de cobranzas” que se incluyeron”, puntualizó en la demanda.

Si bien los reintegros – por los cargos e intereses que se generaron por los seguros adquiridos por la accionante y que luego diera de baja – se vieron impactados en los posteriores resúmenes, la actora se vio envuelta en un peregrinaje indebido, sufriendo un menoscabo en su persona injustificado y no existe en la especie causa alguna que los justifique.

“Si bien de las actuaciones administrativas y los resúmenes de cuenta se desprende que la demandada le restituyó diversas sumas de dinero a su cliente, no resultó acertado. Se evidenció una clara contradicción en el accionar de la demandada. Por un lado, ante los reclamos en atención al cliente le sugerían pagar montos menores a los resultantes de los resúmenes de cuenta, mientras que los mismos generaban intereses por los pagos incompletos”.

En el mismo carril, ante los reclamos en defensa del consumidor el representante de la demandada se comprometía a retornarle las sumas mal debitadas, pero no lo hacía en relación a los intereses, generándose un saldo deudor cada vez mayor. De esta manera se acredita un gran desgaste por parte de la clienta con muy poco éxito. Todos los meses acudía a realizar el reclamo a atención al cliente, y si bien le daban una “solución” a su problema, ello no ocurría en la realidad. Lo mismo aconteció ante la sede administrativa.

Para la jueza Clara María Cordeiro, titular del Juzgado Civil y Comercial de 6º Nom. Córdoba, la actitud de desinterés, desdén y desidia asumida por la demandada, tanto para proporcionar información, dispensar trato digno (art. 8 bis) y procurar soluciones, manifiestan actitudes de gravedad suficiente para sancionar, teniendo en miras prevenir la configuración de hechos similares en el futuro. En efecto, la suscripta entiende que los elementos para la configuración del daño punitivo surgen de las constancias del caso en concreto, por lo que tal reclamo debe prosperar.

Por ello condenó a la tarjeta Cencosud a abonar la suma de pesos quinientos cuarenta mil ciento setenta y cinco con sesenta y dos centavos ($540.175,62), con más intereses.

A continuación se adjunta el fallo completo:

Bernasconi c Cencosud – fallo 1 instancia

 

Condenan a TADICOR a pagar multa punitiva por $100 mil pesos a favor de un consumidor por salsa de tomate en mal estado.

En una causa iniciada a raíz de la compra de un producto (salsa de tomate) en mal estado el Juzgado Nº 48 Civil y Comercial de Córdoba, a cargo de la Dra. Raquel Villagra de Vidal, condenó a las empresas TADICOR SA (comerciante) e INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS SA (fabricante) a abonar una multa de $100 mil pesos a favor del consumidor por incumplir los deberes de seguridad para la salud e integridad física al no encontrarse apto para el consumo.

El día 11 de Julio de 2015 el Sr. E.O.S. fue con su mujer y una amiga al Hipermercado TADICOR de Av. Monseñor Pablo Cabrera para realizar la compra del mes. El ticket de compra total fue por $3 mil. Esa noche cuando llegan a la casa, ya era tarde, y deciden cocinar unos fideos con salsa. En ese momento verifica a través del envase de vidrio que la botella de salsa de tomate triturado marca ALCO – GRUPO CANALE contenía una rareza en su interior. De aspecto chato y diámetro similar a la botella, parecía una “tripa” o un “hongo”. La situación fue desagradable y esa noche no cenaron. En la semana llamaron al Hipermercado para avisar y reclamar por esa situación, y no tuvieron una respuesta adecuada. En esa ocasión el consumidor decidió consultar al abogado Ignacio Arrigoni especialista en defensa del consumidor y se inició una acción judicial. Como prueba anticipada se hizo una pericia técnica alimentaria en relación al objeto hallado dentro del envase de vidrio. La pericia señaló que la “rareza” existente en el interior del envase se trataba de un hongo de 7 centímetros de diámetro, morfología plana-circular, color tiza. Se verifica que el envase tenía un defecto en la tapa con lo cual el producto no se hallaba cerrado herméticamente. El microorganismo pudo haber estado presente en alguna etapa del proceso y de esa forma se produjo la contaminación, a su vez tuvo la oportunidad de sobrevivir y desarrollarse gracias al cierre defectuoso de la tapa. Asimismo el tamaño del hongo evidencia la cantidad de tiempo que el envase estuvo en esa condición (entre uno y dos años). La perito concluye que el producto no cumplía las exigencias requeridas en el Código Alimentario y en consecuencia era inapto para el consumo. Asimismo el dictamen médico concluye que una eventual ingestión de esa salsa de tomate podía afectar la salud de la persona, aunque no de forma grave. Es oportuno recordar que la multa punitiva prevista en la ley del consumidor habilita la imposición de multas a favor de los consumidores por infracciones a la ley cometidas por los proveedores de bienes y servicios. El parámetro para fijar la condena es la envergadura de la empresa. La multa tiene una finalidad disuasiva de modo tal que las empresas no actúen desaprensivamente. En el caso particular se justifica la procedencia de la multa punitiva por la falibilidad de los mecanismos de control tanto de la fábrica como del hipermercado. El Tribunal condenó a las demandadas de forma solidaria a restituir el monto abonado por el envase ($19,89), más $2.000 en concepto de daño moral y la suma de $100 mil pesos en concepto de multa punitiva, todo con más intereses y costas del juicio. El Tribunal hace especial hincapié en que la multa impuesta tiene como finalidad disuadir a las demandadas en relajar los mecanismos de control y a su vez señalando que el demandado debe atender estas cuestiones de forma previa evitando la instancia judicial.

El caso particular nos lleva a plantear la siguiente reflexión: Cuántas veces uno ingiere alimentos envasados ignorando cómo han sido elaborados, diariamente el consumidor confía “ciegamente” en un producto sin saber realmente las condiciones en las que ha sido elaborado. La realidad es que como consumidor no tenemos otra alternativa más que confiar que los productos alimenticios son elaborados en cumplimiento de todas las normas bromatológicas y que las fábricas donde se elaboran los productos alimenticios son un lugar “modelo” y ejemplar por sus condiciones de limpieza. Son todas hipótesis que para ser honesto desconocemos en absoluto. Muchas veces ni siquiera sabemos dónde queda la fábrica en la cual se elaboran los productos que consumimos a diario. El comportamiento del consumidor consiste simplemente en comprar el producto e ingerirlo, empeñando nuestra salud, credibilidad y confianza a favor de la empresa que lo elabora. La pregunta es ¿está mal confiar?… La conclusión es que como consumidores no tenemos otra alternativa. No resultaría lógico que como consumidores tengamos el deber de analizar minuciosamente el producto adquirido para corroborar que su ingesta no les haga daño.

Texto Completo del fallo: S.E.O. c Tadicor y Otro – Abreviado (salsa de tomate)

BANCOR: Débitos de Seguros no solicitados

¿Cuántas veces nos ha pasado que una empresa, institución o entidad bancaria nos debitan un servicio que no hemos solicitado? Aún más, muchas veces esos servicios debitados ni siquiera son efectivamente prestados. En ningún caso nuestro banco o tarjeta nos avisa o pide autorización para hacer el débito simplemente nos hacen el débito de la cuenta, pasando incluso a veces desapercibido.

En estos últimos meses hemos recibido muchas consultas de usuarios que han padecido débitos no autorizados de BANCOR por servicios prestados por empresas de SEGUROS. La realidad es que los usuarios no han solicitado el alta de dichos seguros y el Banco ha realizado el débito sin requerir al usuario una autorización.

Una vez advertida la irregularidad el usuario hace la denuncia por las vías directos o ante Defensa del Consumidor según el caso, luego el Banco se retracta dando de baja el débito y reintegrando la suma debitada indebidamente.

Hasta ahí, podemos decir que la situación se encuentra en el marco de las infracciones que normalmente comenten las empresas.

Lo curioso es que BANCOR en algunos casos vuelve a efectuar un débito sobre un usuario al cual le había reintegrado el dinero. Otro detalle particular es que el reintegro es sobre el último período cobrado, es decir no se reintegran todos los períodos cobrados indebidamente.

La conducta del Banco es reprochable y tiene como finalidad lucrar en detrimento de los usuarios desprevenidos que no advierten esa situación o que aún advirtiendo la situación no saben qué hacer.

Los consumidores tienen que saber que pueden reclamar judicialmente y denunciar esas conductas abusivas que llevan a cabo las empresas. Para desalentar estas conductas abusivas (y alentar a los usuarios a denunciarlas) el Congreso Nacional ha incorporado la «sanción punitiva» en contra de la empresa y a favor del consumidor. El monto de la sanción es determinado por la Justicia según la gravedad de la infracción cometida por la empresa y tiene un tope máximo de $ 5 millones.

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Por incumplimiento al deber de información y por errores en la facturación Tribunal de 1ra Instancia condena a TELECOM PERSONAL a pagar $50 Mil en concepto de Daño Punitivo

En un fallo dictado por el Juzgado de 1ra Instancia y 20a Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba se condena a la empresa TELECOM PERSONAL S.A. a pagar la suma de $50.000 en favor del consumidor en concepto de Daño Punitivo por incumplir la empresa proveedora con el deber de información y por errores de facturación por la suma de $499.

El fallo sin duda trae novedad en cuanto

 

Arrigoni I c Telecom Personal (fallo 1 Inst)

Ordenan devolver dinero a consumidor no conforme con la tablet que había comprado

La Sra. Álvarez buscaba un regalo para su nieta, y pensó que nada sería mejor que una Tablet. Ducha con el manejo del e-commerce, La Sra. Alvarez compró por $ 1.057 el aparato electrónico vía Internet en el sitio de una famosa cadena de Retail.

Tras recibir la Tablet en su casa, la abuela la encendió y la probó. No quedó conforme, por lo que acudió a la tienda a devolver el producto y solicitar que le reintegren su dinero. La empresa se negó. Como el consumidor había encendido el aparato, la firma consideró que estaba usado y ya no cabía la devolución.

Por esa actitud de la empresa, esos $1.000 que costó la Tablet en un primer momento se transformaron en $15.000 de indemnización más el 35% de esa suma en concepto de honorarios del abogado. Así lo resolvió la Justicia en la causa “Alvarez, Beatriz c/Falabella S.A. – Abreviado – Otros – Recurso de apelación”, que consideró que el argumento de la empresa no tenía pies ni cabeza.

La Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó firme la condena, duplicando el monto indemnizatorio fijado en Primera Instancia. Los jueces Silvia Palacio de Caeiro, Alberto Zarza y Walter Simes concordaron con el razonamiento del juez de Primera Instancia: “tratándose de un objeto informático, es necesario su apertura y activación para conocer si funciona o no, su encendido y prueba; siguiendo el sentido común y el curso normal y habitual de las cosas”

El Tribunal no tuvo cómo válida la política de devolución de productos de Falabella, que el consumidor “deberá poner la cosa a disposición del vendedor sin haberla usado y manteniéndola en el mismo estado en que la recibió”.

“Es evidente que pretender que quien compra un aparato electrónico por Internet no pueda encenderlo ni probarlo a los efectos de analizar si satisface sus expectativas, resulta contrario al espíritu que guía las normas tuitivas del consumidor”, señalaron los magistrados. En ese contexto, la postura de la empresa –agregaron los jueces-“vulnera los principios que rigen en las relaciones de consumo”.

El fallo de la Cámara puntualiza el Código Civil y Comercial tiene un apartado especial dedicado a este tipo de contratos, los celebrados a distancia, entre los que se cuentan los concertados “a través de medios electrónicos o similares (art. 1105)”, y en donde se prevé que se tendrán por no escritos los contratos con “cláusulas, pactos o cualquier otra modalidad aceptada por el consumidor durante este período” que “tengan por resultado la imposbilidad de ejercer el derecho de revocación”.

La Cámara Civil consignó que el contrato celebrado entre la consumidora y la empresa proveedora” debe ser interpretado en el sentido más favorable a la primera, de manera que el encendido y prueba del aparato eléctrico adquirido por medios electrónicos no le impedía ejercer su irrenunciable derecho a revocar la compra de la Tablet”. En ese orden- añadió- “la negativa de la demandada a recibirla y restituirle el dinero abonado con fundamento en su política comercial para el supuesto que nos ocupa, resulta violatorio de los derechos de los clientes”.

La sentencia indica que la indemnización encuentra justificación en que se trató del caso “de una mujer jubilada, que quiso comprar una Tablet para regalar a su nieta, que acudió a una empresa de reconocido prestigio y que no satisfecha por las prestaciones del aparato adquirido por la tienda on line, debió iniciar una ardua tramitación”.

MercadoLibre es solidariamente responsable por los productos que se venden en su portal web. Cámara de Apelaciones ratifica sanción por $20.000

Una empresa que facilita la compra y venta de productos por internet deberá pagar una multa de 20.000 pesos. Esto, por haber incumplido una serie de previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor, a raíz de que una mujer que había comprado un par de zapatillas las recibió usadas y en una caja de otra marca. Así lo resolvió la Cámara 4.º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, que ratificó la sanción impuesta por la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia.

El tribunal rechazó el recurso de apelación planteado por la empresa. Esto, por considerar que “resulta innegable que quien pone a disposición de vendedores y compradores un sitio web, cobra por publicitar y por la concreción de la operación, deviene responsable en los términos del estatuto del consumidor”.

En la resolución, los vocales Raúl Fernández y Cristina González de la Vega insistieron en el mismo concepto: “la operación no podría haberse concretado sin la intermediación del ‘proveedor de servicios’, quien recepta la oferta, la publicita, pone en contacto a la potencial compradora con la vendedora y, por todo ello, cobra un monto tanto por la publicidad en su sitio, como al concretarse la operación, tal como lo reconoce la propia apelante”.

Como consecuencia, los camaristas rechazaron el argumento de la empresa, que esgrimía que su actividad era ajena a la compraventa realizada. ”Se trata de una situación de conexidad contractual, donde los intervinientes asumen una garantía solidaria para con la damnificada”, afirmaron los vocales.

Aunque lo consideran exiguo, ratifican el monto de la multa
Por otra parte, respecto del monto de la multa, los magistrados entendieron que la empresa “no ha demostrado que tal cuantificación (20.000 pesos) resulte lesiva de su derecho de propiedad, e irrazonable en función de los hechos que dieron lugar a su imposición”. Por el contrario, aseguraron que, como lo había destacado el fiscal de Cámara, “aquel monto luce insuficiente en función de las faltas cometidas, la posición en el mercado de la impugnante, el bien jurídico protegido, el interés público comprometido y la necesidad de prevenir este tipo de inconductas en el futuro”.

No obstante, como los camaristas consideraron que no era posible “incurrir en una reforma en perjuicio de la empresa apelante”, el monto de la multa, aunque escueto, debía mantenerse.

De esta forma, la Cámara ratificó la decisión de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que no solo prevé la multa, sino la obligación de la empresa de publicar –a su costa- el texto de la resolución administrativa condenatoria en el suplemento principal del diario La Voz del Interior un día domingo.

Cabe recordar que, ante la denuncia de la damnificada, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial había impuesto la sanción por considerar que la empresa violó los artículos 4, 9, 11, 13 y 34 de la Ley 24240. Estos refieren –entre otros- al deber de información (para con el consumidor), a la obligación de indicar si se publicitan cosas deficientes o usadas, y a la responsabilidad solidaria entre los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas.

Texto completo del fallo:

Fallo: Mercado Libre SRL c Direccion de Defensa del Consumidor – apelacion mul

Fallo Ejemplar: Condenan a Telecom Personal SA a pagar $200 mil pesos a un consumidor particular en concepto de daño punitivo por facturación incorrecta por $499 e incumplir el deber de información

En un fallo novedoso dictado por la Cámara 8va Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba se condena a la empresa Telecom Personal SA a pagar la suma de $200 mil pesos en concepto de daño punitivo, en una causa iniciada en el año 2011.

El reclamo fue originado por el usuario a raíz de un cobro indebido en perjuicio del consumidor por un total de $499,13 efectuado por la empresa Telecom Personal SA en los períodos Noviembre del 2010 a Diciembre del 2011.

El Tribunal justificó la condena por la actitud asumida por la empresa que se negó a proveer información adicional para explicar las razones que motivaban la sobrefacturación y cuya inconsistencia surgía de la propia factura que recibía el usuario.

La actitud indiferente y reticente fue tanto en sede administrativa ante Defensa del Consumidor como en sede judicial, en el cual la empresa de Telefonía no respondió ninguno de los oficios y requerimientos ordenados por el Tribunal.

Entre los argumentos que da el Tribunal para imponer dicha condena, indica que la sanción debe ser ejemplificadora para evitar que abusos similares se reiteren por parte de las empresas.

El Tribunal en su resolución hace especial hincapié en la conducta indiferente y desaprensiva llevada a cabo por Telecom Personal al no proveer la información que fuera requerida en múltiples oportunidades, conducta que fue mantenida a lo largo de todo el proceso judicial y en el que se acredita la existencia de conceptos facturados incorrectamente.

Entendemos que se trata de un fallo “ejemplar” en cuanto su objetivo es pretender revertir la conducta de las empresas frente a la debilidad de los consumidores.

A continuación adjuntamos el texto completo del fallo: Fallo completo

Tribunal rechaza demanda contra franquicia de comida por intoxicación, por no haber acompañado el «ticket» de compra al juicio

La Justicia Civil confirmó el rechazo de una acción por daños y perjuicios iniciada por un grupo familiar que denunció haber sufrido una intoxicación alimentaria luego de consumir dos docenas de empanadas de una famosa cadena.

Los hechos juzgados en la causa “V.E.A. c/ P.S.A s/ Daños y Perjuicios” se remontan a principios del año 2001, cuando en una reunión familiar, los demandantes encargaron a un local de la franquicia dos docenas de empanadas y recibieron una docena más con motivo de una promoción.

Al día siguiente, cerca del mediodía, comenzaron a presentar dolores de abdomen, vómitos, fiebre y diarrea, por lo cual llamaron a los distintos servicios de emergencias médicas domiciliarias para recibir atención. Dos de las afectadas fueron internadas de urgencia por presentar un cuadro de “abdomen agudo”

A todos se les diagnosticó una intoxicación alimentaria, fue por ello que denunciaron el hecho, no sólo a la dirección de Defensa del Consumidor, sino a Bromatología Municipal y al Instituto Nacional de Alimentos.  Las autoridades incluso hicieron una inspección al local y verificaron que los productos contenían la bacteria “Eschericchia Colli”. Por esa circunstancia, se instruyó una causa penal contra la dueña del local en cuestión.

Pero la Justicia interpretó que, pese a todo ese cuerpo probatorio, lo sustancial no estaba acreditado en la causa. En otras palabras, más allá de que se haya comprobado la intoxicación y que la mercadería del local estaba en mal estado, tanto en Primera Instancia como en Cámara se entendió que ni el nexo causal ni la relación de consumo pudieron probarse en autos por falta del elemento fundamental: el ticket de compra.

Los demandantes indicaron que el producto les fue entregado por “delivery” por lo que no tenían el comprobante de compra, y que en ese punto, por aplicación del principio “in dubio pro consumidor”, el estudio conjunto de las demás constancias acompañadas probaban el daño sufrido, lo que traía como consecuencia la procedencia del reclamo

Pero esas razones no fueron suficientes para el juez de grado, quien en su fallo sostuvo que aunque se tenga por cierto que el grupo familiar sufrió una intoxicación alimentaria, lo que no fue demostrado es que ese día los actores adquirieran empanadas elaboradas por las demandadas, ni que esa hubiese sido su cena aquél día “y, si así fue, no hay elemento alguno que acredite que esas empanadas (…) hubiesen estado contaminadas”.

A pesar del fallo, el magistrado entendió que, por “la dificultad implícita en la naturaleza de los hechos que debían ser probados”, los demandantes no debían cargar con todas las costas del proceso y distribuyó las costas por su orden.

La Cámara no opinó lo mismo. En un fallo dividido, triunfó la postura coincidente con el criterio de grado.

El voto de la mayoría le dio importancia a la inexistencia del ticket. Es así que señala “los apelantes parecen pasar por alto que la clave de acceso a la aplicación del régimen de protección al consumidor en el que pretenden ampararse, requiere como premisa insoslayable la previa acreditación de una relación de consumo, cuya carga probatoria les incumbía por aplicación de los principios generales en la materia”.

Sobre ese entendimiento, los vocales manifestaron que el comprobante de compra hubiera sido la prueba idónea “para demostrar la conexión existente con los proveedores aquí demandados”, y que al no existir, toda su pretensión caía.

Además, entendieron que la falta del ticket podía repararse con otra prueba, como la designación de un perito contador “a fin de que compulse los registros contables de la demandada y corrobore si se hallaba asentada la compra denunciada”.

La parte actora impugnó ese razonamiento, ya que en la causa penal se analizó el registro de llamadas telefónicas que daban cuenta de la existencia de una llamada telefónica entre los actores y los proveedores. Pero la Alzada se mantuvo en su posición: “este elemento por sí solo, al no hallar respaldo en ninguna otra constancia objetiva, carece de eficacia probatoria para tener por probada la adquisición del producto”.

“Lo único que los actores lograron demostrar a partir de las constancias de atención médicas aportadas en estos obrados y en la causa penal, y las conclusiones de la perito médica infectóloga (…)es que sufrieron una intoxicación alimentaria”, recalcó la mayoría, que concluyó que los accionantes “no cumplieron con la carga de probar la intervención del producto fabricado y comercializado por las demandadas, lo que sella la suerte adversa de su pretensión indemnizatoria”.

La disidencia opinó lo contrario. El voto de la presidente del Tribunal sostuvo: “si bien no se ha acreditado la compra del producto contaminado en el local de la demandada con el respectivo ticket de compra, existen indicios serios, precisos y concordantes de los que cabe inferir la existencia de dicha transacción, así como que el daño a la salud de los actores (intoxicación) tiene relación de causalidad directa con la ingesta de un producto contaminado adquirido en dicho local”.

Para la jueza disidente, “el análisis minucioso de las constancias de autos, del expediente administrativo y la causa penal permite obtener los siguientes indicios concordantes en el sentido de permitir inferir la existencia del hecho”.

La camarista los enumeró, el primero era la existencia de la comunicación telefónica desde la casa del actor hacia el teléfono de la demandada. El segundo fueron las constancias médicas, que para la magistrada “acreditan que en un escaso lapso temporal, los accionantes comenzaron a sufrir afecciones a su salud que los obligaron a recurrir a la atención médica”, lo que también se veía respaldado por las denuncias a los organismos pertinentes.

Es que en la inspección de bromatología al local, se secuestró material para su análisis que dio como resultado “un alto recuento de la bacteria ‘Escherichia Coli’, la que cual es potencialmente riesgosa para la salud, lo que mereció la consideración por parte de las autoridades de ‘alimento contaminado’ conforme las prescripciones del Código Alimentario”.

“Es por todo ello que entiendo que las demandadas resultan responsables en los términos de la norma citada, al haber quedado acreditada, a mi criterio, la adquisición del producto contaminado en el local de Rivero, resultando ser dicho producto elaborado, fabricado y comercializado por “P. S.A.” para la cadena”.

El resultado adverso en el juicio no fue la única mala noticias para los accionantes, que además tuvieron un resultado negativo en la distribución de costas. La Cámara no sólo les obliga a hacerse cargo de todos los gastos del juicio, sino que además triplica los honorarios: deberán pagar $284.000 entre honorarios de abogados y peritos.

Para la mayoría, “no es la sola creencia subjetiva del litigante sobre la razón probable para litigar, lo que autoriza la eximición de costas al vencido, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable”.

Tribunal rechaza demanda de consumidor que quiso comprar flota de autos a precio promocional

La Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo comercial confirmó el rechazo de una acción que tenía el objeto de que se obligue a General Motors a venderle a un potencial comprador la cantidad de 42 autos al precio de $2.000 cada uno.

En los autos «Milgrón, Nicolás Martín c/ General Motors de Argentina S.R.L. S/ Ordinario» el reclamante solicitó la aplicación del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que señala que ante el hipotético caso de que haya un incumplimiento en las condiciones de oferta de un bien, el consumidor queda facultado a exigir el cumplimiento forzoso de la oferta.

El actor relató que hubo un anuncio de venta de autos en el que se indicaba que el importe a abonar por los autos era de $2.000, sin embargo, la Justicia le dio la razón a la demandada, que argumentó que en realidad esa suma era la bonificación del precio final del rodado.

El fallo de Primera Instancia indicó que la totalidad de la prueba rendida en la causa, «daba cuenta de la imposibilidad de que un automóvil pudiera tener un precio de venta de $2.000″. En el expediente el Registro de la Propiedad Automotor informó que los valores del modelo en cuestión rondaban entre $59.700 hasta $69.200 aproximadamente», y que el actor «se limitó a hacer una «simple averiguación del precio del vehículo sin acreditar en la causa que se hubiera llegado a efectuar una transacción ni tampoco que tuviera el dinero para la adquisición de los 42 vehículos que aquí pretende».

Las camaristas coincidieron con esos fundamentos, y rechazaron la apelación del demandante.

Los magistrados desistieron de aplicar el régimen de defensa del consumidor, ya que la operación que buscaba concretar el actor no podía ser encuadrada en la Ley 24.240.

«El carácter de consumidor final, que se define por el destino de la adquisición, no atiende al elemento subjetivo del motivo personal que movió al individuo a consumir, sino objetivamente a la confrontación del destino del bien o servicio adquirido -también objetivamente considerado conforme su utilidad reconocida- con el área de actividad del pretendido consumidor», explicaron los integrantes de la Sala.

Para los Camaristas, el “consumo final” alude «a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo», lo que no ocurría en el caso, ya que no podía presumirse que la compra de 42 autos sería para el uso particular.

El fallo hizo hincapié en el hecho de que el actor intentó adquirir 42 unidades 0 km. «Por las características mismas  que presenta un automotor y el uso social o familiar que puede en condiciones normales presumiblemente esperar de ellos, resulta cuanto menos dudoso que un sujeto que pretende comprar nada más ni nada menos que 42 vehículos 0 km (incluso en el supuesto en que intente aprovechar un precio hipotéticamente promocional), revista el carácter de «consumidor final»», indicó.

La Cámara descartó los argumentos del accionante en relación a que el motivo de la compra de los rodados era para cumplir «el sueño de tener varios autos». En ese punto, destacó el fallo que «el carácter de consumidor final (definido por el destino de la adquisición), no atiende al elemento subjetivo del motivo personal que movió al individuo a consumir, sino objetivamente; de manera que –sin ningún tipo de prueba que pueda acreditar aún en forma indiciaria lo contrario- difícilmente puede sostenerse que la pretensión de adquirir 42 vehículos responda a la necesidad de satisfacer un consumo final».

De esa manera, el Tribunal de Apelaciones concluyó que no se probó que el actor haya aceptado la oferta de la demandada. «Aunque la publicidad sea interpretada del modo propuesto por el actor, es decir, que la unidad 0 km poseía un valor de venta de $2.000, al no demostrarse la aceptación –que no debe confundirse con la mera averiguación- de aquel presunto ofrecimiento, no puede reclamarse el cumplimiento forzoso de un contrato que no fue celebrado», sentenció.

La “Acción de Clase” y la aplicación del Daño Punitivo como multa colectiva

La Justicia dictó la primera condena por daño punitivo colectivo. Se trató de un reclamo por el cobro de primas en cuotas por parte de una aseguradora, donde se resolvió que se devuelva el doble de lo cobrado a cada usuario afectado durante los últimos diez años.

En los años 70, Ford sacó al mercado el modelo “Pinto”, tenía una falla de fábrica, en el tanque de combustible. Ford sabía de este vicio oculto, se arreglaba con 15,30 dólares por auto.

Pero la compañía hizo cálculos, tenía un stock de 3 millones de vehículos con el defecto, lo que significaba desembolsar 45,9 millones de dólares. Si alguno de los adquirentes del modelo eventualmente falleciera o se lesionara gravemente y demandaba a la empresa por esa falla, la Justicia, a lo sumo, lo condenaría a pagar una indemnización de, como máximo, 2 millones de dólares.

Una mujer y su hijo pequeño fallecieron en una carretera a causa de ese desperfecto. Su familia demandó a Ford y en el juicio se comprobó la conducta de la compañía. Por ello, la Cámara de Apelaciones del Cuarto Distrito del Estado de California, la condenó a abonar 125 millones de dólares en concepto de daño punitivo. El caso fue conocido “Grimshaw vs. Ford Motor Company”, y allí los magistrados entendieron que no pueden permitirse que un proveedor de bienes o servicios se vea beneficiado por el no cumplimiento del ordenamiento vigente. Se trata del precedente más antiguo de lo que se conoce como Daño Punitivo.

En Argentina la figura fue aplicada en diversos fallos que versaban sobre reclamos individuales, pero recientemente se dictó una sentencia en la que se aplica la figura del daño punitivo a un reclamo colectivo.

En Argentina el Daño Punitivo fue incorporado en la Ley de Defensa del Consumidor en 2008, con la reforma efectuada por la Ley 26.361, que agrega a la Ley 24.240 el artículo 52 bis de que dice que “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”.

La jurisprudencia comenzó a aplicar la norma poco después en casos como “Teijeiro c/ Quilmes”, donde la Justicia de Primera Instancia de Córdoba aplicó una multa dos millones de pesos pro daño punitivo en un caso en el que un hombre compró una botella de gaseosa y encontró que tenía en su interior un envoltorio abierto y usado de gel íntimo para preservativos. La sentencia fue luego modificada en las Instancias superiores, pero significaron un puntal en la materia, que se verificó en otro caso de Córdoba.

Se trató de “Raspanti, Sebastián c/AMX Argentina S.A” en el que se confirmó una multa de $280.000 a la empresa Claro porque a un usuario le llegaba la factura mensual del servicio de telefonía celular un cargo «por gestión de cobro» y le computaban el tiempo de llamada a los números que él tenía como gratuitos, y además en las audiencias en la sede de Defensa del Consumidor la abogada de la empresa dijo que se iba a seguir cobrando el cargo

Recientemente en un fallo dictado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 6, en los autos caratulados “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Boston Compañía Argentina de Seguros S.A s/ Ordinario”, en el que la asociación de consumidores planteó un acción que buscó abarcar aquellos contratos de seguro patrimonial celebrados por personas físicas con la demandada en los que se haya presentado una situación relativa a lo pactado con el pago de la prima en cuotas (comprensiva ésta del capital y de la correspondiente carga financiera e intereses), durante los diez años anteriores a la presentación.

El reclamo de la Asociación refería al caso de que, ante el acaecimiento del siniestro, se hubiese abonado a los asegurados la pertinente indemnización, pero descontándose de ella el saldo de las cuotas por prima pendiente de pago, sin discriminar entre capital e intereses.

Según la accionante, en esos casos lo que debió hacerse era descontarse de las cuotas por prima adeudada, la suma cargada en concepto de intereses, por haber sido pagadas con anticipación al plazo de vencimiento originalmente pactado.

En ese sentido, peticionó a la Justicia el reintegro a los clientes que se encontraban ante esa situación la carga financiera o los intereses que no se les hayan deducido al momento de liquidarse el siniestro; y reclamó que se fije una indemnización por daño punitivo, “no inferior al doble de cada reintegro que deba efectuar la accionada”.

La demandada se defendió diciendo que la Ley de Defensa del Consumidor no era aplicable al caso, porque la contienda debía ser analizada bajo el prisma de la Ley de Seguros, y bajo esa premisa, solicitó que se rechace el reclamo por daño punitivo.

Al analizar las pruebas producidas en el caso, el Tribunal estimó que la “carga financiera” señalada “es un componente accesorio de la prima, que no afecta el “fondo de primas” con el cual el asegurador debe afrontar las indemnizaciones debidas a los asegurados y los costos derivados de su actividad.

“Ahora bien, del informe acompañado por la perito contadora, que no fue impugnado por las partes, se evidencia que la demandada cobró, en los casos referidos (donde se encontraba vigente el plan de pago en cuotas de la prima), una carga financiera sobre las cuotas que fueron canceladas con anticipación”, adelantó la magistrada.

“Ciertamente, el art. 27 de la Ley de Seguros establece la posibilidad de que el asegurador compense sus créditos en razón del contrato con la indemnización debida al asegurado. Sin embargo, cuando el pago de las cuotas pendientes de pago se realiza en plazos menores a los considerados para la facturación –como sucede en el caso- es claro que no corresponde cobrar intereses aún no devengados”, agregó posteriormente.

El Tribunal recordó, al respecto, que para que exista el deber del deudor de cumplir con cierta prestación a favor del acreedor (como es el pago de los intereses) “debe existir una causa fuente que de origen a la obligación (la financiación)”, lo que no ocurrió en el caso, siendo que además “la restitución de lo abonado encuentra su razón de ser no solo en la carencia de ‘causa fuente’, sino también en la imposibilidad de admitir un ‘enriquecimiento incausado’ como resultado del cobro de un servicio financiero que no se ha proporcionado”.

Todo ello la llevó a decidir que la demandada debía restituir a los afectados por la operatoria “las sumas que éstos hubieren abonado en exceso en concepto de ‘carga financiera’, en los supuestos donde se hubiere pactado el pago de la prima en cuotas y cuando éstas hubieran sido abonadas de forma anticipada”.

Pero además, el Tribunal estimó que la conducta de la compañía ameritaba la imposición de una sanción por daño punitivo, porque “ha quedado comprobada la existencia de un fuerte reproche de tipo subjetivo en la conducta de la aseguradora, en tanto su actuar implicó un grave desinterés por los derechos e intereses de los consumidores de seguros”.

“Es importante destacar que se trató de una maniobra realizada en forma constante, habitual y generalizada, que le generó un enriquecimiento a la compañía aseguradora. Por otro lado, cabe agregar que la demandada omitió informar a los usuarios las características de la operatoria que realizaba”, subrayó el fallo.

La sentencia sostuvo que el accionar “desinteresado de la compañía aseguradora sumado al conocimiento que cabe presumir que posee respecto a las normas que rigen su actividad, en razón de la profesionalidad que tiene el proveedor de un servicio masivo, imponen la aplicación al caso de una multa civil a la demandada”. Por lo que se condenó a la aseguradora a abonarles a los usuarios damnificados y comprometidos en la acción, el doble del reintegro que les corresponda percibir.