Libertad de Expresión: Rechazan acción para bloquear «difamación» por Facebook

Una Asociación Civil sin fines de lucro que se dedica “a transmitir el conocimiento antiguo de una disciplina que combina pautas de artes marciales, defensa personal, armas antiguas y artes curativas como la medicina tradicional china, reflexología, vías de energía y Chien-Chi-Kua”, se sintió agraviada por dos grupos de Facebook que la tildan de estafadora, y que fueron creadas para “desenmascarar y difundir el engaño y mentira” de la entidad.

Por ello demandó a Facebook ante la Justicia, para que se obligue a la red social a dar de baja a los grupos y que además le informes desde qué IP se crearon las paginas “por ser totalmente ofensivos e injuriantes para la actora y su negocio”. Además pidió que haga lo posible para que nuevos grupos de esa índole no sean abiertos. El fundamento de la actora fue que “dada la proyección masiva de la red social, se está perjudicando directamente el desarrollo y progreso de la Asociación”. Sin embargo, su pedido no fue admitido

La resolución del caso fue dictada por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal en autos “A.A.de P-K c/ Facebook SRL s/ Medida Autosatisfactiva”. El Tribunal, integrado por los jueces Ricardo Guarinoni, Graciela Medina y Alfredo Gusman, confirmó “en lo sustancial” el fallo de Primera Instancia en lo que hace al rechazo de la medida autosatisfactiva tendiente a bloquear a los dos grupos, y modificó lo atinente a identificar a los presuntos creadores de las cuentas, debido a que en uno de esos grupos se publicó un texto que sería de autoría de la asociación.

En Primera Instancia se había rechazado la acción en el entendimiento de que se trató de “una cuestión compleja, que exceda el marco de una medida autosatisfactiva”. La Cámara mantuvo ese criterio, pero le dio mayor importancia al hecho de que se trata de una asociación cuyas enseñanzas “tiene carácter oneroso” y que la información sobre ella puede tener el carácter de interés público.

El fallo de la cámara reconoce que la asociación “no aplica en la definición clásica de ‘persona pública’”, pero que al ofrecer al público “un servicio social”, que es la enseñanza de esa técnica oriental “puede existir, entonces, cierto interés público comprometido en la difusión de noticias, informes o incluso relatos de experiencias personales de quienes hayan experimentado el servicio ofrecido”.

“Esto no implica, claro está, cohonestar las afirmaciones realizadas en la página de Facebook o que la respuesta jurisdiccional ante la pretensión de la Asociación accionante deba ser negativa pues aun cuando la actora desempeña una actividad que tiene impacto público, existe un ámbito de privacidad que no puede ser traspasado arbitrariamente”, aclararon los jueces a continuación.

Los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal aseguraron no desconocer “el poder potencial de estos sitios de internet a la hora de formar una determinada corriente de opinión sobre una persona o incluso en materia de reputación empresaria”, como tampoco que las expresiones “fraude”, “gran estafa”, “chorros”, pueden “tener implicancias en su prestigio laboral”.

No obstante, concluyeron que ello “no puede implicar, al menos en esta etapa del proceso, que deba cercenarse la libertad de expresión de quien lo pública”. A ello se sumaba “el interés del resto de la sociedad en tener acceso y conocimiento de dicha información, para el hipotético caso que sea cierta”.

El fallo, por último, le recuerda a la asociación actora que puede iniciar la acción civil resarcitoria e incluso querellar por injurias a los autores de la publicación, y que Facebook le da las mismas herramientas para defenderse que las que le da a los autores de los grupos para “atacarla”.

“Internet es un medio que permite a la Asociación comunicar su postura frente a los hechos imputados en las cuentas de Facebook en forma prácticamente ilimitada, a través de los mismos canales que utilizó la persona que los habría difamado, sin costo alguno”, fue el veredicto.

Google es responsable del resultado de la búsqueda

En una causa iniciada por un particular contra la empresa Google Inc., la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda condenando al buscador a pagarle a la actora, en el plazo de 10 días, la suma de $40.000, más sus intereses.

En el caso, el juez de primera instancia rechazó la demanda que “perseguía la indemnización de los daños sufridos por el actor al ver afectado su honor por la difusión de un comentario desfavorable a través del buscador de la demandada”.

En consecuencia, el actor se agravió de que “el a quo haya considerado que la demandada actuó con diligencia luego de dictada la medida cautelar que dispuso del bloqueo de la información supuestamente lesiva”. Así, señaló que “entre mayo de 2010 y octubre de 2013 debió realizar diversas intimaciones antes sendos incumplimientos”.

Por su parte, la demandada sostuvo que “el sitio del cual derivaría el agravio fue creado en Yahoo!, pero que el actor sólo demanda a su representada, y que omitió indicar el sitio URLs, lo que corresponde para una debida individualización de la página a bloquear”. No obstante, afirmó que “cada vez que fue notificada, actuó de manera diligente bloqueando inmediatamente el sitio URLs que le fuera indicado”.

De esta manera, los camaristas destacaron que “es un hecho no controvertido en esta instancia que hace tiempo el actor ingresó en la página web de la demandada a través de la dirección electrónica www.google.com.ar y comprobó que al incluir su nombre y apellido en el campo de búsqueda, aparecía una descripción de su persona poco favorable”.

El perito explicó que “el sitio corresponde a un grupo de Yahoo y que posiblemente esa prestadora pueda identificar al responsable, se trata de un grupo cerrado, por lo que no es posible saber quiénes lo integran sin anotarse y recibir autorización del administrador del grupo”.

Asimismo, aseveró que “quien diseña una página tiene la posibilidad de crear Meta Tags y que cuando se diseña una página hay un lugar en el que se ponen las palabras por las cuales se puede buscar, qué es lo que va a estar expuesto, por cuál cadena de caracteres y oración se va a buscar esa página, que son los Meta Tags que define el administrador y hacia los que va Google (…) una de las variables por las que la página mencionada en la demanda puede aparecer en el lugar de la indexación en el que lo hizo puede ser la cantidad de consultas que haya recibido”.

Advirtió el perito que “quién estaba facultado para eliminar contenidos de Talar Del Lago 1 era el administrador”, y agregó: “No hay duda de que quien hizo los comentarios que agraviaron al actor es una persona real, que el nombre que está en el grupo está asociado a un mail y ese mail tuvo que haber sido creado por alguien”.

“El comentario lo tuvo que haber hecho una persona registrada, salvo que le hubieran crackeado la cuenta (…) si todo se hizo desde un Ciber no es posible saber quién lo creó”, concluyó el perito.

En este marco, los vocales manifestaron que “se han planteado las cuestiones, cabe decidir si, ante las medidas ordenadas por el a quo de naturaleza cautelar, la demandada actuó en forma diligente”.

“Adelanto que no comparto la exigencia, según alega la demandada, de que se identifique con precisión cuáles son los enlaces asociados a su persona (URLs) y se compruebe el daño que la vinculación ocasiona. La mayor parte de la gente no es tan experta en estas cuestiones tan precisas y técnicas, por lo que considero que, en lo que respecta al conocimiento efectivo, basta con señalar con precisión el hecho que supuestamente causa el agravio”.

Para los jueces, “si el actor indica que aparece en el buscador como un posible estafador, ello es suficiente –a mi entender- para que el responsable del buscador tome las medidas apropiadas, bajo su responsabilidad”.

“Como dije, puede configurarse la responsabilidad civil del buscador por el contenido incorporado por un tercero, si toma efectivo conocimiento, lo que se concretaría una vez requerida la quita por el eventual afectado, y esta no se lleva a cabo”, añadió el fallo.

Sobre este punto, los jueces consignaron que “si luego de años de iniciado el pleito, la noticia sigue siendo difundida, es obvio que tal quita no se concretó”. Y agregaron: “No alcanzo a entender por qué la demandada (…) insiste en que actuó de manera diligente en el bloqueo de los URLs que le fueron indicados (…)  no había numerosos sitios a bloquear, ni la pretensión es genérica como sostiene la demandada que ocurrió en otros casos, ya que la que debía ser bloqueada en una sola página”.

“Los motores de búsqueda tienen que orientar su actividad de manera tal que eliminen o al menos disminuyan los riesgos de afectación de derechos de terceros. Si no lo hacen, entonces, se vuelven negligentes, y deben responder juntamente con quienes han obrado de manera ilegítima”.

En consecuencia, los jueces concluyeron que “el resarcimiento del daño moral debe admitirse, pues resulta indudable el menoscabo que debieron provocar en el actor las expresiones aludidas, al haber visto afectado su honor, entendido como bien jurídico que compromete el sentimiento de la dignidad moral y la apreciación y estima que hacen los demás de nuestras cualidades y de nuestro valor social”.

El Municipio debe indemnizar por un árbol que cayó sobre un auto estacionado

La Cámara 5º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba rechazó el recurso planteado por el Municipio (la parte demandada) contra la resolución del Juzgado de 48º Nominación del mismo fuero de Córdoba, en el cual se condenó a la Municipalidad de la ciudad de Córdoba a indemnizar con la suma de $24.610 más los intereses, a una mujer por los daños experimentados por su vehículo, un Citroën Berlingo, cuando un árbol se le cayó encima mientras se encontraba estacionado en la Avda. del Trabajo al 300, de la ciudad de Córdoba, durante la fuerte tormenta que se desató el 24 de enero de 2011. El tribunal recomendó a las autoridades municipales que arbitren medidas por el estado en que se encuentran los árboles de la vereda donde ocurrió el hecho. En la resolución, la vocal Claudia Zalazar esgrimió que resultaba aplicable el artículo 1113 del Código Civil. “Existe consenso en la jurisprudencia en atribuir responsabilidad a los entes municipales por los daños que causen los árboles que se encuentran en las calles y los diversos espacios verdes existentes en la ciudad”, afirmó.

La camarista también destacó que el Municipio debía responder por el “vicio de la cosa”, dado que, según el perito que intervino en la causa (un ingeniero agrónomo), se trataba de un “Olmo añoso (de unos 70 años) y enfermo, con su interior todo ahuecado, con algún grado de putrefacción y muy débil”, razón por la cual su “deficiente estado sanitario” le “impidió tener resistencia mecánica a cualquier adversidad climática”.

En la misma dirección, la vocal argumentó que la Ordenanza Nº 7.000 le otorga “competencia exclusiva a la Municipalidad en las tareas de corte y poda de los árboles”, hasta el punto de que el artículo 14 impone “sanciones a quien corte, pode o destruya parcialmente un árbol que integre el arbolado público y para quien tale, elimine o de cualquier forma destruya totalmente un ejemplar”.

La camarista insistió en que la ordenanza reserva al Municipio “el carácter de guardián de los árboles que integran el arbolado público, de manera exclusiva”, y sólo pone “en cabeza de los frentistas una mera obligación de mantenimiento, riego y realización de cazuelas”. “Tampoco resulta posible imputar responsabilidad a un tercero, ya que expresamente establece la ordenanza que sólo la Municipalidad, a través de sus agentes, puede llevar a cabo las tareas de poda o la tala de los ejemplares del arbolado público, aun cuando estén enfermos; incluso, establece sanciones para quien incumpliera tal prohibición”, expresó la camarista, a cuyo voto se adhirieron sus pares, Joaquín Ferrer y Rafael Aranda.

Por otra parte, el tribunal concluyó que el Municipio, en su afán por eximirse de responsabilidad, no podía invocar la existencia de caso fortuito, por la tormenta que se registró en la ciudad de Córdoba el día en que produjo la caída del árbol, ya que para que un fenómeno de la naturaleza resulte encuadrable en la hipótesis del art. 514 del Código Civil es menester que sea de carácter extraordinario (como una tempestad) y que no haya podido ser anticipada por el pronóstico climático.

Finalmente, los camaristas recomendaron al Municipio que, en función de las atribuciones que le confiere la Ordenanza Nº 7000, “arbitre todas las medidas que considere pertinentes”, teniendo en cuenta que el perito advirtió que “todos los otros árboles de la vereda en cuestión, por su edad y estado general, representan un notorio riesgo para las personas y/o bienes”.

El Establecimiento Educativo es responsable por la lesión provocada por un alumno a otro.

La Cámara en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba ratificó un fallo de primera instancia contra la pretensión del Ejecutivo de que el compañero autor de la agresión debía tener un porcentaje de la culpa.

El niño asistía a un colegio del Estado Provincial. El Gobierno de Córdoba deberá pagar una indemnización de 400 mil pesos a un alumno de 14 años que perdió la visión de un ojo, luego que un compañero le arrojara un bollo de papel cuando estaban en la escuela.

El agresor y agredido asistían al colegio IPEM 57 Comodoro Rivadavia, ubicado en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.

Según lo establecido en la causa, el bollo de papel, que estaba encintado, perforó la mácula de la retina del ojo del adolescente, ocasionando la pérdida de visión.

En su defensa el Gobierno Provincial argumentó que no correspondía cargar con toda la responsabilidad, siendo también responsable el agresor que le provocó la lesión.

En ese sentido, el tribunal integrado por los jueces Silvana Chiapero, Raúl Lescano y Dalia Carta de Cara entendió que «los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa».

Según los testimonios de los alumnos que surgen de la causa se reveló que «no había ningún profesor presente en el aula» cuando ocurrió la agresión.

El fallo estableció que «cuando los padres confían a sus hijos a instituciones encomendadas a su educación y guarda, es esperable de estas últimas una vigilancia activa y eficaz para evitar peligros que se deriven en daños»

Cheque incobrable no implica una mala praxis bancaria

La Cámara Cuarta Civil y Comercial de Córdoba rechazó una demanda por daños contra el banco HSBC Bank Argentina S.A. ya que consideró que no existió «responsabilidad bancaria por mala praxis». El banco fue demandado por un particular quien tras un contrato de mutuo recibió cheques incobrables por un librador autorizado por la entidad.

La Cámara confirmó el fallo de grado que había rechazado la acción por daños promovida por un particular contra un banco. El hombre reclamaba un resarcimiento debido a que no pudo cobrar una serie de cheques otorgados por un cliente de la entidad financiera, en virtud de un mutuo dinerario celebrado entre ambos.

En particular, el Tribunal de Apelaciones indicó que no se configuró «la responsabilidad bancaria por mala praxis» pues al abrir su cuenta «el librador de los cheques, que el actor tenía en su poder y no pudo cobrar, acreditó su domicilio con el contrato de locación, el informe de dos personas y el recibo de sueldo».

Además, los vocales destacaron que «la situación de incobrable constituye un riesgo propio de la dinámica de quien asume un negocio financiero» que «se ve potenciado por la calidad de letrado de quien acciona, pues se supone que ha tomado todos los recaudos necesarios para saber a quién se le presta».

En el caso, un particular celebró un contrato de mutuo dinerario con otro. Para el cumplimiento del acuerdo, el prestamista aceptó cheques de pago diferido que, después, no pudo cobrar. Entonces, el hombre demandó al banco que autorizó al deudor a librar cheques para que la entidad, por su supuesta negligencia al otorgar tal facultad a un insolvente, lo indemnice.

El juez de primera instancia consideró que el Banco demandado no había obrado en forma negligente y que no existía responsabilidad de su parte, por ende, rechazó la demanda del prestamista. Entonces, el actor –quien, además, era abogado- interpuso un recurso de apelación contra este pronunciamiento judicial. La entidad accionada impugnó la imposición de costas.

Para comenzar el análisis de la causa, el Tribunal de Alzada explicó que, en principio, «la responsabilidad resultante de una trasgresión bancaria pertenece al derecho común y se rige por los principios contenidos en el Código Civil».

Luego, la Cámara cordobesa afirmó que «la relación del banco y el cuenta correntista se emplaza en el ámbito de la responsabilidad contractual, en tanto, que la relación del banco y el portador de cheques se ubica en el ámbito extracontractual, respondiendo por la mala praxis bancaria en la medida en que ocasione un daño».

«En el caso, conforme los términos de la demanda, se trata de responsabilidad de índole extracontractual, que se genera eventualmente en el perjuicio que invoca el actor, de no poder cobrar los cheques no pagados por carecer de fondos, debido a que se abrió una cuenta sin verificar los recaudos legales, y a observar para todo sujeto que aspira abrir una cuenta».

Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones señaló que «tratándose de cheques de pago diferido, un tomador diligente y versado en derecho como el actor no puede ignorar que cuenta con el mecanismo del artículo 39 de la Ley de Cheques»

Esa norma, «para el caso de cheques diferidos permite al tomador solicitar su registración y de este modo asegurarse la provisión de fondos a la fecha de pago», precisó después la Justicia de Alzada provincial y desestimó el recurso de apelación del actor.

Dicho esto, la Cámara se abocó al recurso del Banco demandado en materia de costas e hizo lugar al pedido de la entidad. Por ende, las costas fueron impuestas a la parte actora que resultó vencida en el pleito.

Por lo tanto, el Tribunal Civil y Comercial confirmó la sentencia de primera instancia, con excepción de la imposición de costas, y rechazó el recurso de apelación del actor cuya demanda había sido desestimada.

Este es otro de los tantos casos procurados por el Estudio Arrigoni cuya resolución fue favorable a su cliente defendido.